Sin duda, el déficit fiscal se ha convertido en uno de los temas más debatidos en los últimos años en el país. Si bien el Gobierno nacional es el principal responsable de mantener las finanzas públicas dentro de parámetros saludables, lo cierto es que ha optado por un camino riesgoso: gobernar a punta de atajos, imponiendo cargas tributarias mediante decretos y decisiones tomadas sin una discusión amplia, técnica y responsable.
Gobernar implica tomar decisiones difíciles, pero también respetar las reglas. Lo ocurrido en Colombia entre 2024 y 2025 en materia fiscal y tributaria muestra un patrón preocupante: la sustitución del diálogo democrático con atajos normativos.
En 2024, el Gobierno Nacional presentó al Congreso el Presupuesto General de la Nación que regiría en 2025 con un desbalance cercano a los $12 billones. No se trató de una diferencia menor, sino de un faltante estructural que ponía en entredicho la viabilidad misma del presupuesto. Desde el Congreso se solicitó algo elemental: ajustar, concertar y corregir. Sin embargo, el Ejecutivo se negó a hacerlo.
El resultado fue histórico. Por primera vez el Congreso negó el presupuesto, como un llamado institucional de alerta frente a la falta de planeación del gobierno. El mensaje fue claro: no todo vale, y la sostenibilidad de las finanzas públicas no puede construirse sobre supuestos débiles.
Ante ese escenario, el Gobierno intentó sacar adelante una ley de financiamiento para cubrir el vacío. Tampoco prosperó. El Congreso la negó por razones evidentes: mala planeación, ausencia de una política real de austeridad y una carga tributaria que recaía, una vez más, sobre los mismos contribuyentes, sin resolver los problemas estructurales del gasto público.
Pero la respuesta del Gobierno, frente a un problema creado por su propia falta de planeación, lejos de replantear una estrategia de austeridad y eficiencia, fue aún más riesgosa: imponer impuestos vía decreto.
En medio de los graves enfrentamientos armados registrados en el Catatumbo —una región golpeada históricamente por la violencia, y con una crisis humanitaria real— el Gobierno declaró el Estado de Conmoción Interior. Nadie discute la gravedad de la situación de orden público ni la necesidad de proteger a la población civil. Lo cuestionable fue el uso de esta figura excepcional para resolver un problema fiscal que no era sobreviniente, sino previsible.
Bajo el amparo de la conmoción interior, el Gobierno expidió el Decreto 175 de 2025, mediante el cual revivió el impuesto al timbre y creó un impuesto especial del 1 % sobre los ingresos del sector de hidrocarburos y del sector carbón. Lo más grave fue que estas medidas no se limitaron al tiempo de la emergencia, sino que se extendieron hasta el 31 de diciembre de 2025.
El Consejo de Estado anuló el decreto que declaró la conmoción interior, dejando en evidencia la fragilidad jurídica del andamiaje construido alrededor de ella. Pero dejó vigente el Decreto 175 de 2025, con las medidas fiscales creadas por el gobierno.
Como complemento, y para aumentar un recaudo que ya se sabía era inferior a lo proyectado, el Ejecutivo expidió el Decreto 572 de 2025, aumentando las tarifas de retención en la fuente y reduciendo los topes a partir de los cuales se aplica. En la práctica, esto significó adelantar recaudos futuros, afectar la liquidez de empresas y personas naturales, y trasladar nuevamente la presión fiscal a quienes ya cumplen.
El mensaje es preocupante: cuando el Gobierno no logra consensos, recurre a decretos; cuando no hay planeación, se improvisa con estados de excepción; cuando falta recaudo, se exprime la retención. Todo esto erosiona la confianza, afecta la seguridad jurídica y debilita el equilibrio de poderes.
Y lo más grave es que la historia se repite en 2025: un presupuesto nuevamente desbalanceado, sin ley de financiamiento y con un Gobierno que vuelve a hablar de recurrir a figuras excepcionales, ahora bajo el rótulo de una emergencia económica, como si el problema fuera coyuntural y no el resultado de decisiones fiscales equivocadas.
