Colombia ha sido protagonista, en repetidas ocasiones, de escándalos relacionados con la participación de ciudadanos colombianos en conflictos armados en el extranjero bajo la figura de mercenarios. Este fenómeno ha afectado no solo nuestra imagen internacional, sino también la seguridad nacional y la estabilidad de nuestras relaciones diplomáticas. Por ello, es fundamental que el Congreso de la República ratifique cuanto antes la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y que entró en vigor en 2001.
La Convención contra Mercenarios busca establecer estándares internacionales para prevenir la proliferación de estos actores que, motivados principalmente por el lucro personal, ponen en peligro la paz y la seguridad internacionales. Sin embargo, a pesar de ser un país con amplio historial de participación de ciudadanos en conflictos extranjeros como mercenarios, Colombia aún no ha ratificado esta convención.
Es un deber moral y jurídico que Colombia avance en este camino. La aprobación de la Convención en dos debates en el Senado de la República esta semana es un paso significativo hacia la consolidación de una postura clara contra el uso de mercenarios y representa un mensaje contundente de rechazo hacia esta práctica. Ahora bien, falta que la Cámara de Representantes continúe con el trámite legislativo para que la ratificación sea una realidad.
La historia reciente nos ha dejado ejemplos dolorosos y vergonzosos de colombianos involucrados en actividades mercenarias. El caso más reciente y mediático fue la participación de ex militares colombianos en el magnicidio del presidente de Haití en 2021. Este suceso puso en tela de juicio nuestra responsabilidad como Estado en la regulación y el control de actividades que comprometen la reputación internacional de Colombia.
Otro ejemplo significativo fue la presencia de colombianos en conflictos en Medio Oriente y África, donde ciudadanos nuestros fueron contratados por empresas privadas de seguridad para actuar como combatientes en escenarios ajenos a nuestra jurisdicción. Estos hechos no solo evidencian la fragilidad en el control sobre la exportación de servicios de seguridad privada, sino también la falta de un marco jurídico robusto que tipifique adecuadamente estas conductas.
La ratificación de la Convención no es solo una cuestión de cumplir con estándares internacionales, sino también de responsabilidad ante la comunidad internacional. Como país que ha sufrido décadas de conflicto armado interno, sabemos bien los estragos que puede causar el uso de combatientes irregulares. Por eso, tenemos la obligación ética de desincentivar y sancionar a quienes, buscando lucro personal, ponen en riesgo la paz de otras naciones.
Además, ratificar esta convención nos permitirá fortalecer nuestra capacidad de cooperación internacional en la persecución de mercenarios y garantizar que nuestra política exterior tenga un enfoque coherente con la promoción de la paz y los derechos humanos. La Convención establece obligaciones claras para que los Estados parte persigan, procesen o extraditen a aquellos involucrados en actos mercenarios, lo cual permitiría a Colombia actuar con contundencia en casos futuros.
Ahora que el Senado ha aprobado el proyecto de ley en dos debates, el llamado es a la Cámara de Representantes para que agilice su trámite y Colombia pueda finalmente ratificar esta convención. No podemos seguir permitiendo que nuestra nacionalidad esté asociada a prácticas ilegales y deshonrosas. Ratificar la Convención no sólo representa un acto de coherencia con nuestra política de seguridad y derechos humanos, sino que también es un paso firme hacia el fortalecimiento de la diplomacia colombiana.
Esperemos que la Cámara de Representantes asuma esta responsabilidad histórica con el mismo compromiso que lo hizo el Senado, consolidando así el liderazgo de Colombia en la región en materia de promoción de la paz y la seguridad internacional. Es momento de demostrar que el país está decidido a no tolerar la participación de sus ciudadanos en conflictos internacionales como mercenarios y que, en cambio, apuesta por ser un referente en la construcción de paz global.
