En Colombia, las estadísticas sobre la inseguridad alimentarias y el hambre ya hacen parte del ciclo de desesperanza, donde seguimos viendo las escenas dolorosas de niños con signos de desnutrición, madres sin comida para ofrecer y familias enteras que luchan por acceder a un plato de comida.
Es la realidad de un fenómeno que en el país nos sigue ganando la carrera, como lo demuestra el último informe del (DANE), que señala que 14,3 millones de personas hoy no tienen garantizado el derechos básico a una alimentación adecuada. Esto equivale al 27,6% de la población que hoy la esta pasando muy mal.
Si bien los nuevos datos del DANE parecen dar un respiro, al mostrar una leve reducción de la inseguridad alimentaria, de 26,1% en 2023 a 25,5% en 2024, la dura realidad es que más de 603 .000 hogares ahora hacen parte de las familias que no están comiendo siquiera dos veces al día y están pasando hambre. Por eso en lugar de celebrar tímidas reducciones estadísticas, debemos prender las alarmas frente a la magnitud de la tragedia social que están enfrentando millones de colombianos.
La inseguridad alimentaria no ha sido derrotada, ni siquiera contenida. El avance del Gobierno con su política de Hambre Cero es en el mejor de los casos, marginal, como lo manifiestan las cifras. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué está pasando con los programas sociales y la ejecución de recursos para mejorar el acceso a los alimentos de las poblaciones más vulnerables?
Y lo más preocupante es lo que pasa en la región Caribe. En Córdoba, mi departamento, la inseguridad alimentaria subió 17 puntos porcentuales, alcanzando el 47,6 %, solo superado por La Guajira (52,4 %) y Sucre (49,5 %). Es decir, prácticamente la mitad de la población en estos territorios está pasando hambre o vive al borde de hacerlo. Y que decir del departamento del chocó donde la inseguridad alimentaria aumento17,4% en un solo año. ¿Dónde están los resultados reales de la estrategia Hambre Cero?
Es hora de que el Gobierno Nacional deje los discursos y pase a la acción. Las cifras pueden maquillarse en ruedas de prensa, pero no en las neveras ni en los platos ausentes de millones de colombianos. El hambre no da espera. Y mientras seguimos discutiendo estrategias, hay niños y niñas que no pueden seguir esperando.
El hambre se combate con inversión real, voluntad política, y leyes que permitan crear sistemas sostenibles que garanticen el acceso a los alimentos. Desde el Congreso hemos impulsado iniciativas como la Ley 2380 de 2024 que promueve la donación de alimentos en el país.
Colombia necesita una política pública con enfoque territorial, con metas claras, recursos garantizados y mecanismos reales de seguimiento. Pero, sobre todo, necesita un gobierno que entienda que la dignidad de un país empieza por garantizar que nadie se acueste con hambre.
