En regiones como Montes de María, el sur de Córdoba y el sur del departamento de Bolívar, la paz no es un discurso abstracto. Allí la paz tiene nombres, rostros y cicatrices.
Son territorios donde la guerra dejó muertos, desplazados, tierras abandonadas y una deuda histórica del Estado que aún no ha sido saldada. Por eso, la reciente asignación de recursos del OCAD Paz para estas subregiones debe reconocerse como un avance del Departamento Nacional de Planeación en este gobierno.
La inversión en territorios PDET no es un favor: es una obligación moral, constitucional y política con las víctimas del conflicto armado, consagrada en el Acto Legislativo 04 de 2017, que acompañé convencido de su sentido reparador. Sin embargo, ocho años después de aprobado ese acto legislativo, sería un error y una irresponsabilidad celebrar sin advertir los riesgos estructurales que desde su creación han rodeado al OCAD Paz y que hoy amenazan seriamente su legitimidad. Paradójicamente, fue el gobierno de Iván Duque, opositor del Acuerdo de Paz y de este mecanismo, el que terminó estrenando la bonanza de billones del OCAD Paz. Con escándalos sonados de corrupción.
Hoy estamos en otro gobierno, pero no podemos caer en la idea de que “todo está bien”. Sin seguimiento riguroso esta historia puede repetirse. Debo decirlo con claridad: en el más reciente OCAD Paz todo empezó mal. La elección del delegado de los alcaldes se dio bajo un manto de dudas. En ejercicio de mis funciones como congresista, denuncié públicamente hechos graves, como la presunta compra de voluntades para elegir el Alcalde, que representaría a estos en el órgano decisorio encargado de asignar los recursos. Ante estas denuncias, el presidente Petro actuó con responsabilidad institucional y envió a el secretario de Transparencia al lugar. El resultado fue alarmante: se evidenció que el número de votos depositados no coincidía con el número de asistentes.
Pero el problema no termina ahí. Persiste una realidad que muchos alcaldes conocen y pocos se atreven a denunciar por miedo: un cartel enquistado en la tecnocracia del Departamento Nacional de Planeación que vende viabilidades de proyectos(10%). Funcionarios de carrera y otros deciden el destino de iniciativas que deberían estar al servicio de las víctimas. La denuncia de un alcalde es contundente: le habrían exigido 100 millones de pesos para no bajarle la calificación de su proyecto, sugiriéndole incluso que “empeñara el carro” si no tenía cómo pagar. El mandatario cuyo nombre me reservo por razones de seguridad se negó, y su proyecto fue excluido del proceso. Ese nivel de degradación institucional no puede normalizarse. A ello se suman graves suspicacias sobre reuniones irregulares el mismo día de la votación. Varios alcaldes mencionaron citaciones en un hotel San Francisco de Bogotá, donde presuntamente se exigía una “vacuna” cercana al (15) % del valor del proyecto para garantizar la asignación de recursos.
La información de la malla validadora de contratación muestra la presencia de megacontratistas con un control real sobre la tecnocracia del DNP y sobre quienes deciden la asignación de recursos. Se trata de un cartel bien estructurado que los órganos de control están llamadas a investigar. Lo más grave es que los recursos de la Paz se encuentran capturados. A esto, se suman rumores alarmantes: alcaldes que estarían financiando candidaturas a las curules de paz con recursos recién aprobados. Por favor Dedíquense a gobernar y no a la codicia que enceguece. Respeten el derecho que la ley les otorgó a las víctimas de elegir libremente a sus representantes, sin que millones de pesos del pueblo se utilicen para comprar votos con la misma plata destinada a reparar su dolor.
