El Ministerio de Justicia y del Derecho presentó una la ‘Guía para la valoración de la percepción del riesgo de feminicidio en el contexto familiar’ que evalúa el riesgo de feminicidio en mujeres víctimas de violencia, con el objetivo de identificar señales de peligro a tiempo y activar medidas de protección oportunas.
La herramienta, adoptada mediante la Resolución 0362 de 2026, busca que la evaluación del riesgo deje de depender únicamente de percepciones y se convierta en un proceso estructurado, basado en criterios técnicos.
La guía permitirá analizar el riesgo a partir de cuatro ejes clave: antecedentes de violencia, conductas de control y dominación, amenazas y la percepción de riesgo de la mujer, así como cambios recientes en la relación.
El instrumento será aplicado por entidades como la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y las comisarías de familia, y está dirigido a mujeres mayores de 14 años víctimas de violencia en el entorno familiar.
La evidencia muestra que el feminicidio suele estar precedido por múltiples formas de violencia. De acuerdo con Medicina Legal, en cuatro de cada diez valoraciones de riesgo el mecanismo más frecuente involucra armas cortopunzantes, lo que refleja que muchos casos ocurren en contextos cercanos o domésticos.
“Valorar de manera estructurada la percepción de riesgo de feminicidio mediante módulos e instrumentos especializados permitirá aportar insumos técnicos sólidos para la adopción de medidas de protección oportunas y efectivas”, explican los expertos que participaron en el diseño del instrumento.
El desarrollo de la guía se basó en un enfoque multidisciplinario que integró aportes de la criminología, la psicología, el trabajo social, el derecho y la salud pública. Durante su construcción se realizaron seis mesas técnicas con participación de organizaciones de la sociedad civil y entidades del Estado como el ICBF, la Fiscalía
General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Igualdad, entre otras.
Además, se adelantó un estudio piloto en ciudades con altas tasas de feminicidio, como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Ibagué, Popayán, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Buenaventura, Tumaco y Apartadó.
Posteriormente, se realizó una prueba de campo en comisarías de familia de todo el país para evaluar la aplicabilidad del instrumento, la interpretación de resultados y su viabilidad técnica.
Menos revictimización y mayor coordinación
Uno de los principales objetivos de la guía es reducir la revictimización. Para ello, permitirá que las entidades compartan la valoración del riesgo, evitando que las mujeres tengan que repetir su historia en múltiples instituciones.
Además, busca unificar criterios técnicos, mejorar la coordinación interinstitucional y reducir la discrecionalidad en la toma de decisiones sobre medidas de protección.
La herramienta fue construida con un enfoque multidisciplinario que integró aportes de la criminología, psicología, derecho y salud pública, y fue probada en varias ciudades del país con altas tasas de feminicidio.
Este instrumento se suma a los esfuerzos del Estado para enfrentar un problema estructural que persiste en Colombia, pese a avances como la Ley 1761 de 2015, que tipificó el feminicidio como delito autónomo.
Con esta guía, el Gobierno busca fortalecer la prevención y garantizar que las alertas tempranas no sean ignoradas, en un contexto donde actuar a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
