Antes del próximo 15 de enero serán posesionados los magistrados que conformarán la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), los cuales deberán definir la situación jurídica de los miembros de las Farc, de los agentes del estado y civiles que hayan cometido delitos en el marco del conflicto armado en Colombia.
Así lo anunció el presidente de la República Juan Manuel Santos luego de la reunión celebrada en la ciudad de Cartagena para evaluar el primer año de la implementación de los acuerdos de paz con las Farc.
"Antes del 15 de enero voy a posesionar a los magistrados de la (JEP) para que puedan iniciar su labor lo más pronto posible", manifestó el presidente Santos.[single-related post_id="805556"] Asimismo, el primer mandatario de los colombianos aseguró que una de las prioridades es la protección a los líderes sociales y excombatientes de las Farc que se acogieron al proceso de paz mediante los decretos que se firmarán en los próximos días y crear así un sistema de alerta más ágil y eficaz para garantizar su protección. La Justicia Especial es considerada uno de los pilares del Acuerdo Final de Paz que buscará acabar con la impunidad mediante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. La JEP estará conformada por tres salas, que en total suman 18 magistrados: la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los hechos y conductas; la Sala de Definición de las Situaciones Jurídicas; y la Sala de Amnistía o Indulto. [single-related post_id="805244"] Cabe mencionar que el pasado mes de noviembre la Corte Constitucional la avaló, pero con modificaciones, luego de que ya sufriera reformas en el Senado. Entre los cambios que sufrió se destaca que ningún jurista defensor de derechos humanos que haya abierto causas contra el Estado en los últimos cinco años puede ser magistrado de la JEP, que los exguerrilleros puedan ser juzgados por la justicia ordinaria y extraditados y que se excluya de la jurisdicción de este tribunal a "los terceros civiles y a agentes del Estado no combatientes" sobre quienes pesan responsabilidades por graves crímenes.
