La designación de Daniel Quintero como nuevo superintendente de Salud, confirmada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, desató una ola de reacciones en el escenario político nacional. Aunque las críticas han provenido principalmente de sectores de oposición, también se han registrado cuestionamientos desde el interior del propio bloque oficialista.
Uno de los pronunciamientos más contundentes fue el de Carlos Carrillo, actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quien expresó su desacuerdo de manera abierta a través de su cuenta en la red social X. En su mensaje, el funcionario advirtió sobre las implicaciones políticas de la decisión y lanzó fuertes críticas al nombramiento.
“El papel que se le otorga a Daniel Quintero Calle nos hace retroceder como proyecto político”, afirmó Carrillo, quien además señaló que la llegada del exalcalde de Medellín a la Superintendencia de Salud “le hace daño al Gobierno y le da gasolina a la oposición”.
El director de la UNGRD calificó la designación como “un yerro enorme” y aseguró que su postura responde a un deber ético. “La verdadera lealtad con el presidente consiste en hablarle desde la honestidad”, escribió, marcando distancia frente a lo que, según él, podría ser una decisión equivocada dentro del proyecto político del Pacto Histórico.
Las declaraciones de Carrillo adquieren relevancia en un contexto particularmente sensible para el sistema de salud en Colombia. La Superintendencia Nacional de Salud atraviesa un momento crítico, con al menos diez EPS intervenidas y millones de usuarios afectados por dificultades en la prestación del servicio, especialmente en entidades como la Nueva EPS.
A este panorama se suma la controversia que rodea a Daniel Quintero por su gestión pasada como alcalde de Medellín. El exmandatario enfrenta investigaciones y cuestionamientos por presuntos delitos contra la administración pública, entre ellos peculado y prevaricato, relacionados con la gestión de contratos y predios durante su administración.
En su pronunciamiento, Carrillo fue enfático al referirse a estos procesos judiciales. “Quintero está hoy en juicio por delitos contra la administración pública, tiene derecho a su defensa, pero el Pacto Histórico no tiene por qué asumir el costo político de sus líos jurídicos”, afirmó. Además, agregó que su llegada al Gobierno no aporta políticamente al proyecto.
Más allá del caso puntual, el funcionario aprovechó para hacer una reflexión más amplia sobre el rumbo de los movimientos progresistas en América Latina. Señaló que la izquierda debe mantenerse como una fuerza “contestataria y rebelde” y evitar caer en prácticas que han debilitado a gobiernos similares en la región.
En ese sentido, advirtió sobre el riesgo de repetir errores observados en países como Argentina, Venezuela o Ecuador, donde, según explicó, la corrupción ha terminado erosionando las estructuras políticas desde adentro. Para Carrillo, decisiones como esta podrían contribuir a la normalización de prácticas que contradicen los principios de cambio.
Finalmente, el director de la UNGRD sostuvo que, aunque muchos líderes del Pacto Histórico podrían optar por el silencio para evitar tensiones con el presidente, el verdadero respeto consiste en advertir los posibles errores. Sus declaraciones evidencian las tensiones internas dentro del oficialismo frente a un nombramiento que sigue generando debate.
