La Fiscalía General de la Nación avanza con paso firme en uno de los escándalos de corrupción más delicados que ha sacudido al actual gobierno: el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El ente acusador ha solicitado una audiencia formal para imputar cargos al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, quien es señalado como uno de los artífices del entramado corrupto que involucra a congresistas, exfuncionarios y al círculo más cercano del presidente Gustavo Petro.
De acuerdo con información obtenida por EL COLOMBIANO, la Fiscalía imputará a González los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación a favor de terceros y lavado de activos. La gravedad de los hechos ha llevado al ente investigador a pedir una medida de aseguramiento en centro carcelario, aunque hasta ahora se conoce que el exfuncionario se encuentra fuera del país.
El rol de González en el escándalo
Carlos Ramón González, quien ocupó un cargo de altísima confianza en el Gobierno como director del Dapre, aparece en los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, como uno de los estrategas de la operación de desvío de recursos públicos con fines políticos. Según sus declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia, González habría dado la orden para la entrega de 4.000 millones de pesos en sobornos a los congresistas Iván Name y Andrés Calle, actualmente recluidos en la cárcel La Picota.
El objetivo de estos pagos ilegales habría sido garantizar el respaldo legislativo a proyectos clave del Gobierno Petro, manipulando la agenda del Congreso mediante la compra de votos.
Reuniones y evidencia clave
López, en su declaración ante la Corte, también relató que González participó en reuniones estratégicas con altos funcionarios y ministros, en las que se definía cómo debían utilizarse los fondos de la UNGRD para favorecer intereses políticos. Estas revelaciones forman parte del voluminoso expediente que ha recopilado la Fiscalía y que sustenta la solicitud de imputación.
En paralelo, Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones y detenida por su papel como enlace en la entrega de sobornos a Name, podría estar negociando un principio de oportunidad. De avanzar ese acuerdo, su testimonio también podría comprometer seriamente a González.
Los detalles del entramado
Según las versiones recogidas por la Fiscalía, Iván Name habría recibido cerca de 3.000 millones de pesos y Andrés Calle al menos 1.000 millones, con el compromiso de alinear sus acciones legislativas a los intereses del Ejecutivo. Las entregas se habrían realizado en lugares discretos, incluyendo un lujoso apartamento del edificio Basell I en Bogotá y la residencia de Calle en Montería.
Chats, registros de visitas y videos son parte del material probatorio que ya se encuentra en manos de las autoridades. Sneyder Pinilla aportó conversaciones y pruebas clave de cómo se pactaron y ejecutaron los pagos en efectivo.
¿Dónde está González?
Uno de los puntos más sensibles en este proceso es que, hasta el momento, Carlos Ramón González no ha comparecido ante la justicia y su paradero exacto es desconocido. Aunque oficialmente no tiene orden de captura vigente, la solicitud de medida de aseguramiento anticipa que la Fiscalía lo considera un riesgo para el proceso judicial y con una posible intención de evadir a la justicia colombiana.
El caso UNGRD sigue escalando en gravedad y alcance, y la imputación contra Carlos Ramón González representa un golpe político significativo para el Gobierno Petro, pues se trata de uno de sus exfuncionarios más cercanos. De confirmarse las acusaciones, este escándalo no solo tiene implicaciones penales, sino que podría afectar la estabilidad de la coalición legislativa y la percepción pública del Ejecutivo.
