Este domingo, 26 de octubre, se pondrá en marcha el primer gran acto electoral del año: la consulta del Pacto Histórico para elegir a su candidato presidencial de 2026. Sobre el papel, el proceso es una muestra de democracia interna; en la práctica, es un ejercicio tan costoso como limitado, pues no genera militancia política ni efectos vinculantes.
El registrador nacional, Hernán Penagos, confirmó que el proceso tendrá un costo cercano a los 200.000 millones de pesos, financiados con recursos públicos. La Registraduría desplegará 20.000 mesas en 9.200 puestos de votación, con el apoyo de 150.000 jurados y un cuerpo logístico de 14.000 funcionarios. La magnitud del dispositivo equivale a la de una elección nacional.
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Sin embargo, el alcance político es otro. Penagos fue claro: “Es una consulta abierta, pero no implica afiliación ni militancia. Los ciudadanos podrán votar sin quedar vinculados al movimiento político que la promueve”. Es decir, cualquier colombiano podrá participar, pero el resultado solo tendrá valor interno para el Pacto Histórico.
El contraste entre el despliegue y el efecto real de la consulta deja al descubierto una paradoja: una elección nacional sin consecuencias políticas directas.
El gasto de $200.000 millones, suficiente para financiar programas sociales o fortalecer la educación electoral, se justifica, según la Registraduría, en la obligación de garantizar condiciones técnicas, personal y transparencia. Pero para muchos observadores, se trata de una apuesta simbólica y desproporcionada en un momento de tensión fiscal.
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“Recordemos que en esta consulta se convoca a más de 39 millones de personas, independientemente de que asistan o no”, explicó Penagos en entrevista con La W Radio, en alusión al tamaño del censo y la logística. Pero esa amplitud, más que un logro, expone el contraste entre la escala del gasto y la falta de impacto institucional.
A esto se suma otra limitación: no habrá voto en el exterior. La Registraduría argumentó que el plazo de organización, menos de un mes, hacía “prácticamente imposible llevar material y personal a los 160 consulados”. El resultado es un proceso de alcance nacional, pero no global, que deja fuera a millones de colombianos residentes en el extranjero.
Y aunque la consulta servirá para elegir entre Iván Cepeda y Carolina Corcho, la competencia en sí parece lo menos relevante frente al debate que ha suscitado su costo. El registrador aseguró que la fecha fue definida por el Consejo Nacional Electoral desde enero y que ya no hay margen para cancelarla ni modificarla: “Los plazos se cerraron el 26 de septiembre, con ajustes hasta el 3 de octubre”.
El ejercicio del Pacto Histórico, en efecto, inaugura la temporada electoral, pero también abre un debate incómodo sobre el uso de recursos públicos en procesos de bajo impacto democrático.
En una coyuntura marcada por la polarización, la consulta se convierte más en un gesto político que en una elección decisiva: un termómetro de participación, una vitrina de organización y un recordatorio de que en Colombia la política sigue siendo capaz de gastar como una elección presidencial… incluso cuando no hay nada en juego.
