A menos de dos semanas de la elección de curules de paz, la Procuraduría puso dos focos sobre Guaviare: el censo electoral y las condiciones para votar sin presiones.
Dos alertas antes del 8 de marzo
La Procuraduría remitió al Consejo Nacional Electoral información sobre una presunta trashumancia electoral en Guaviare, en el marco de la elección de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Según el Ministerio Público, se estarían registrando incrementos atípicos de inscripción de cédulas en puestos rurales de San José del Guaviare, El Retorno y Calamar, dentro de la Citrep 7.
En el mismo reporte, la entidad agregó una alerta distinta pero conectada: en la vereda La Paz, zona rural de El Retorno, advirtió falta de condiciones de seguridad que pondrían en riesgo la libertad del sufragio.
La discusión del censo
El punto de fondo es simple: en las curules de paz, el detalle operativo define todo. La votación se realiza en puestos rurales y se excluyen los de cabeceras municipales, lo que vuelve determinante quién quedó inscrito y en qué puesto.
Por eso, cuando el censo cambia de forma abrupta, la alarma no es retórica. La Procuraduría puso un ejemplo concreto: el puesto Institución Educativa Agua Bonita SD Bocas Sto Domingo en San José del Guaviare habría tenido un incremento de 2.375 inscritos frente al censo de 2023, y señaló que habría situaciones similares en otros puntos de votación.
En paralelo, una tutela admitida por un tribunal, citada por El Tiempo, describe aumentos también llamativos en puestos rurales: en Agua Bonita el censo habría pasado de 170 inscritos en 2022 a 2.789 en 2026.
La discusión de seguridad
La segunda alerta apunta a las garantías para que el voto sea libre. La Procuraduría ubicó el problema en un lugar específico, la vereda La Paz en El Retorno, y señaló riesgos que afectarían la jornada. En ese frente, el comunicado menciona compromisos con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo para buscar una intermediación con las comunidades y sostener condiciones mínimas de votación.
¿Qué sigue?
Ahora la responsabilidad es del CNE. Debe valorar la información remitida por la Procuraduría y definir decisiones dentro de sus competencias sobre inscripciones cuestionadas, en una elección que se hará el 8 de marzo de 2026.
En la práctica, la señal es clara: en las curules de paz el debate no se juega solo en discursos, sino en la integridad del registro y en si el ciudadano puede llegar al puesto y votar sin miedo.
