La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Érika Guevara, aseguró que con la decisión del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de ordenar la salida del equipo de trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) del país centroamericano, el gobierno nicaragüense deja en evidencia su responsabilidad en las violaciones de derechos humanos.
En ese sentido, Guevara indicó que “con esta decisión el presidente Ortega deja en evidencia los crímenes cometidos y su desdén por las obligaciones internacionales de su gobierno. La misión de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en el país ha podido constatar crímenes de derecho internacional y graves violaciones a los derechos humanos, y ha ofrecido al gobierno, a través de su informe, una ruta de soluciones que deberían ser implementadas inmediatamente, además de las ya ofrecidas por diferentes organismos y organizaciones de derechos humanos”.
Según Guevara, la expulsión de la misión de la ONU es una reacción de Ortega para generar un contexto de temor en la población que, según Guevara, ha sido violentada desde el 18 de abril cuando comenzaron las manifestaciones populares en su contra.
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“El gobierno de Nicaragua está apostándole a una estrategia de aislamiento con la intención de evitar el escrutinio internacional y continuar la represión contra aquellas personas que ejercen sus derechos a la libertad de expresión. Esta postura agrava todavía más la crisis, que ha dejado hasta el presente no menos de 322 personas muertas, miles de heridos, decenas de personas detenidas arbitrariamente y miles que han abandonado su país en busca de protección”, concluyó la directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Cabe recordar que Nicaragua está sumida en una oleada de violencia que dejó en los últimos meses 322 muertos, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
