La Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, Asonal Judicial, expresó su rechazó a la iniciativa del senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, con la que busca modificar al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y daría vida al Instituto Técnico Científico de Ciencias Forenses, independiente de la Fiscalía General de la Nación.
La base del proyecto de ley es fortalecer el principio de imparcialidad y debido proceso en el servicio técnico forense que ofrece la entidad en la rama judicial del país, y así deslindarlo de posibles “vicios”, derivados de su relación con la entidad acusatoria.
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Entre las funciones que contempla la iniciativa se encuentran “ser el soporte científico y técnico a la administración de justicia y de las acciones humanitarias y extrajudiciales que realiza la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el marco del Conflicto Armado”. Así mismo, deberá coordinar y administrar los bancos y bases de datos de perfiles genéticos de ADN.
Para Asonal Judicial, esta propuesta de Gustavo Bolívar debe ser analizada con detenimiento y ponen en cuestionamiento que un proyecto de ley pueda modificar al Instituto de Medicina Legal que fue creado constitucionalmente y mediante acto legislativo.
De igual forma, pone en tela de juicio que se requiera la creación de una nueva entidad para que adelante las mismas funciones que adelanta hoy por hoy la entidad.
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En esa línea el sindicato de los trabajadores del sector judicial reprocha que no se les haya tenido en cuenta para la formulación de la iniciativa legislativa, lo que no permitió nutrirla desde la visión de quienes durante años han adelantado las tareas forenses en el país.
En otro apartado del comunicado difundido por Asonal, le piden al senador Gustavo Bolívar no estigmatizar al actual Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y colocar mantos de duda sobre su transparencia respecto a la Fiscalía General de la Nación. Esto debido a algunas declaraciones entregadas por el congresista en las que señala que al ser un anexo del ente acusador:“ no hay garantía de transparencia, no hay confiabilidad del sistema judicial”.
