Durante una rueda de prensa los líderes de las Farc expresaron su inconformidad frente a las últimas decisiones de la Corte Constitucional y del Congreso frente a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Pese a que la Corte declaró exequibilidad frente a la nueva jurisdicción los miembros del exgrupo armado consideran que "hay aspectos de la misma que generan consecuencias adversas para la paz".
Los líderes de las Farc citaron seis aspectos básicos donde manifiestan su desacuerdo con lo establecido entre el Congreso y la Corte durante esta semana.
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Un primer punto indica que las modificaciones realizadas "desvertebra" el concepto de la JEP concebido en La Habana, puesto que no incluye a todos los actores del conflicto: "quedó como una justicia concebida exclusivamente para las FARC".
"Le digo a la Corte Constitucional que tenga presente que el acuerdo final se acordó para acabar con el conflicto y la impunidad, y que el sistema de justicia acordado, o sus condicionalidades, no puede alcanzar exclusivamente a uno, sino a todos los actores, hayan vestido de uniforme o no", aseguró Iván Márquez.
Asimismo, Márquez consideró como "hipócrita" la inhabilidad a Magistrados que hayan participado como representantes judiciales en procesos relacionados con el conflicto armado en los últimos cinco años. "Es hipocresía proteger a las víctimas inhabilitando para la JEP a quienes las han defendido, es decir a defensores de derechos humanos. Esto acaba de ocurrir en el senado".
Las Farc consideran que el fin de establecer la Jurisdicción Especial no solo buscaba habilitar el tránsito de la guerrilla a la vida civil, sino la reconstrucción de la verdad como construcción de la paz, por lo que al retirar de este sistema de justicia a los civiles y agentes del Estado se "preserva la impunidad, y se desprecia a las víctimas".
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En cuanto al falló de la participación política consideraron que los condicionamientos establecidos "rompe la simetría y al mismo tiempo deja puertas para perder fácilmente los beneficios".
Por último, solicitaron a la Corte y a los agentes del Estado "que se respete del contenido de lo acordado en la Habana".
