Un mensaje del presidente Gustavo Petro sobre supuestos informes de inteligencia que involucrarían al candidato Abelardo de la Espriella abrió una nueva controversia en la campaña presidencial. Lo que empezó como un cruce en redes terminó en solicitudes de investigación y en preguntas sobre los límites del aparato de inteligencia en plena contienda electoral.
Del contrato de pasaportes al choque electoral
La controversia se activó cuando Petro volvió a referirse a Thomas Greg & Sons en medio de la disputa por el modelo de expedición de pasaportes. En ese contexto, el Presidente afirmó que existían informes de inteligencia sobre conversaciones entre los hermanos Bautista, accionistas de la firma, y De la Espriella, y sugirió que allí habría intereses cruzados entre el negocio de pasaportes y la campaña presidencial. Con esa publicación, la discusión dejó de girar solo alrededor del contrato y pasó a tocar un punto más sensible: el origen de la información mencionada por el jefe de Estado.
La respuesta del candidato no tardó. De la Espriella negó cualquier relación con los Bautista, dijo que no los conoce y retó a Petro a mostrar las grabaciones si realmente existían. Ese fue el giro del episodio: ya no se trataba únicamente de una acusación política, sino de la posibilidad de que se estuvieran usando o invocando datos de inteligencia sobre un aspirante presidencial en medio de la campaña.
La pelea escaló y llegaron las denuncias
Después del intercambio inicial, el caso subió de tono. La campaña Defensores de la Patria, que respalda a De la Espriella, pidió a la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y a otros veedores del proceso electoral abrir investigaciones urgentes para establecer si las conversaciones aludidas por Petro fueron obtenidas mediante interceptaciones o bajo qué condiciones llegaron al Gobierno. Además, el equipo jurídico anunció una solicitud ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara para que revise lo ocurrido.
Las reacciones llegaron desde varios frentes. La senadora y candidata Paloma Valencia cuestionó que el Presidente hiciera ese tipo de señalamientos mientras ejerce autoridad sobre instituciones del Estado y advirtió que el episodio no es un debate técnico menor, sino una discusión sobre garantías en campaña. También hubo pronunciamientos de abogados y dirigentes políticos que pidieron aclarar si hubo seguimientos, interceptaciones o uso de información estatal sobre opositores. En conjunto, las respuestas movieron la polémica del terreno del rifirrafe personal al de las garantías democráticas.
¿Qué dice el marco legal sobre la inteligencia?
En el papel, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) no tiene funciones de policía judicial. En su información oficial, la entidad señala que desarrolla labores de inteligencia estratégica y contrainteligencia de Estado, pero no puede investigar delitos, detener ciudadanos ni actuar como autoridad judicial. También precisa que sus actividades no están vinculadas a ningún partido político.
La Fiscalía, por su parte, establece que la interceptación de comunicaciones es una medida excepcional. Su Directiva 04 de 2021 señala que solo procede dentro de los márgenes legales, con respeto por las garantías previstas en el ordenamiento jurídico y bajo control posterior de legalidad ante un juez de control de garantías. En otras palabras, no se trata de una herramienta disponible para cualquier uso político o administrativo, sino de una actuación sometida a reglas estrictas.
Con ese marco, el próximo paso ya no depende del intercambio entre Petro y De la Espriella, sino de lo que determinen las autoridades.
