En medio de la conmoción nacional por el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, un nuevo capítulo político y judicial se abre: su investidura como congresista está en juego.
La demanda presentada ante el Consejo de Estado, que solicita la pérdida de su fuero parlamentario, ha generado rechazo generalizado por su oportunidad y contenido. ¿Quiénes están detrás de esta acción legal y qué argumentos exponen?
Las organizaciones demandantes
La denuncia fue presentada por dos organizaciones sindicales: la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia (CUT) y el Sindicato de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa (Sinsergen). Ambas entidades argumentan que el senador Uribe incurrió en actos de proselitismo político fuera del período autorizado por la ley electoral, constituyendo así una violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido en la Constitución.
El vocero principal de la demanda es Carlos Alberto Sánchez Grass, presidente de Sinsergen, quien declaró en rueda de prensa que el documento contiene “evidencia fotográfica, audiovisual y testimonios juramentados” que demostrarían que Uribe Turbay participó en actividades proselitistas el mismo día en que fue víctima del atentado, el pasado 7 de junio.
“Aunque el senador sufrió un atentado que afectó gravemente su vida, eso no lo exime de responder ante la ley”, dijo Sánchez Grass, marcando una línea entre la solidaridad humana y la responsabilidad legal.
¿Qué dice la demanda?
El documento argumenta que Miguel Uribe, en su calidad de legislador y figura reconocida, utilizó su investidura para hacer campaña electoral en un periodo prohibido, con el objetivo de posicionarse como precandidato para las elecciones regionales de 2026. Según la demanda, esta conducta se ajusta a la causal de pérdida de investidura descrita en el artículo 183, numeral 1º, de la Constitución Política.
Incluso va más allá: el texto sostiene que el ataque que sufrió el senador fue consecuencia indirecta de sus actos. En palabras del propio Sánchez Grass: “Su imprudencia al actuar fuera del marco legal desencadenó las circunstancias que llevaron al ataque contra su vida”.
Una acción calificada como "canallada"
La demanda fue presentada apenas 12 días después del atentado que dejó a Miguel Uribe al borde de la muerte. En ese momento, el senador se encontraba en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe de Bogotá, tras ser sometido a múltiples cirugías por las heridas recibidas.
Diversas voces han calificado esta acción judicial como despiadada y oportunista. El periodista Néstor Morales, en su espacio en Blu Radio, calificó la demanda como una “canallada”, recordando que Uribe Turbay no está en condiciones físicas ni mentales para asumir una defensa judicial en este momento.
¿Qué se sabe del atentado?
Alias “El Costeño”, presunto autor material del atentado, fue captado por cámaras de seguridad y está bajo investigación. Se sospecha que hubo un segundo cómplice en el hecho. Voces cercanas al entorno del agresor han revelado detalles que están siendo analizados por las autoridades para esclarecer los móviles del ataque.
En paralelo, el país ha seguido de cerca la evolución del senador. Tras más de 18 días hospitalizado y seis cirugías, Uribe ha pasado a una “fase subaguda”, lo que sugiere una leve mejoría. Su esposa, María Claudia Tarazona, ha sido una vocera constante de esperanza y fortaleza. En un mensaje reciente dirigido al neurocirujano Fernando Hakim, agradeció su compromiso con la vida del legislador: “Puedo sentir su corazón”, dijo.
El caso ha generado un debate nacional sobre los límites del control político, el uso del derecho como arma y la dignidad humana en situaciones críticas. Para algunos, la ley debe aplicarse con rigor sin importar las circunstancias; para otros, el contexto humanitario no puede ser ignorado, y menos cuando está en juego la vida de una persona.
Mientras el Consejo de Estado estudia la procedencia de la demanda, el país espera respuestas judiciales claras y éticas. Miguel Uribe Turbay sigue luchando por su recuperación física, mientras en paralelo enfrenta una batalla política y legal que, como su estado de salud, sigue siendo incierta.
