El reciente atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha desencadenado una ola de cuestionamientos hacia la Unidad Nacional de Protección (UNP) y su director, Augusto Rodríguez Ballesteros.
El abogado de Uribe, Víctor Mosquera, denunció públicamente que durante el último año se presentaron al menos 23 solicitudes formales para reforzar el esquema de seguridad del senador, las cuales, según afirma, fueron sistemáticamente ignoradas por el ente estatal.
El hecho que prendió las alarmas ocurrió el pasado sábado 7 de junio en el barrio Modelia, en Bogotá, donde Miguel Uribe fue víctima de un atentado que le causó graves heridas por impacto de bala, comprometiendo seriamente su salud. Este episodio ha revivido el debate nacional sobre la responsabilidad del Estado en la protección de líderes políticos, especialmente aquellos que hacen oposición al gobierno actual.
¿23 alertas ignoradas por la UNP?
Durante una rueda de prensa ofrecida desde la Fundación Santa Fe, donde permanece hospitalizado Uribe, el abogado Mosquera reveló detalles contundentes: “En lo corrido de 2025 realizamos más de 23 solicitudes de refuerzo a la seguridad del senador, siendo la última presentada apenas dos días antes del atentado, el 5 de junio”, aseguró.
Según Mosquera, las peticiones estaban basadas en análisis de riesgo previos que la misma UNP había emitido. En 2023, Uribe fue catalogado con riesgo extraordinario, pero en 2024, y pese a su inscripción oficial como precandidato presidencial, no se realizaron actualizaciones al esquema de protección. “Esto demuestra una falta total de voluntad institucional y una omisión gravísima que pudo costarle la vida a un líder político”, señaló el abogado.
Acusaciones contra la UNP y su director
La denuncia presentada por Mosquera incluye una acción penal contra el director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, por presunta omisión de funciones públicas. “Queremos que la Fiscalía investigue si esta negligencia fue deliberada. No se trata solo de investigar a los autores materiales del atentado, sino también si desde el Estado se propició una situación de indefensión”, enfatizó.
Mosquera criticó duramente la respuesta de la UNP a estas solicitudes, calificándolas de “copy-paste” estandarizados que desde enero de 2025 descartaban cualquier necesidad de reforzar la seguridad de Uribe. Incluso, reveló que en eventos como la reciente conferencia de Asobancaria, el senador tuvo que desplazarse sin escoltas, ya que la UNP no autorizó su acompañamiento.
Estado de indefensión y clima político tenso
El abogado también denunció que durante actividades políticas recientes, como su paso por Cartagena, Miguel Uribe no recibió ningún tipo de protección por parte del Estado, a pesar de tratarse de un candidato presidencial oficialmente inscrito. “Estamos ante un caso de desprotección sistemática que tiene que ser investigado con celeridad”, insistió Mosquera.
Este escándalo ha reavivado las tensiones entre sectores de oposición y el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Diversas voces políticas han comenzado a cuestionar si la falta de protección obedece únicamente a fallas administrativas o si hay una motivación política detrás de la omisión, dado el fuerte discurso opositor que ha mantenido Uribe frente al actual mandatario.
Fiscalía inicia nueva línea de investigación
Tras las declaraciones del abogado, la Fiscalía General de la Nación confirmó que abrirá una nueva línea de investigación que buscará esclarecer si hubo negligencia estatal en el esquema de protección de Miguel Uribe.
En medio de la rueda de prensa, la fiscal Luz Adriana Camargo dijo que siguiendo el protocolo de investigación era probable que el director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros fuera llamado a rendir declaración, sin embargo Camargo señaló que aunque no quería referirse a este tema aún, si tenía presente que el esquema de seguridad del senador era uno de los más robustos.
La salud de Uribe sigue siendo reservada, mientras su equipo legal y político exige respuestas claras y acciones concretas del Estado. En un país donde la seguridad de los candidatos presidenciales debería ser una prioridad innegociable, el caso de Miguel Uribe se convierte en una alerta roja sobre las falencias institucionales en materia de protección.
