El presidente Gustavo Petro agitó las aguas de la política nacional al anunciar que convocará una consulta popular mediante decreto, una decisión que ha sido calificada por múltiples sectores como un “quiebre institucional”. Pero más allá del impacto jurídico y electoral que pueda tener esta medida, ha tenido un efecto colateral inmediato: revivió la vieja y feroz rivalidad entre los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.
La confrontación entre ambos exmandatarios, que parecía haber bajado de tono en los últimos años, regresó con fuerza tras el controversial anuncio de Petro. Uribe, líder del Centro Democrático y férreo opositor tanto de Santos como del actual gobierno, no tardó en comparar la decisión de Petro con el plebiscito por la paz de 2016, al que su movimiento se opuso con contundencia y que ganó el “No” por estrecho margen.
“El plebiscito de 2016 se llevó a cabo con una enorme ventaja en favor del ‘Sí’, que perdió. El gobierno desconoció el triunfo del ‘No’, maquilló el texto con las Farc y lo pasó por el Congreso con mermelada. Fue un quiebre institucional disimulado”, declaró Uribe, señalando que lo de Petro es “similar, pero más descarado”.
Ante esta acusación, Juan Manuel Santos reaccionó en su cuenta de X (antes Twitter), acusando a Uribe de lanzar “calumnias repetidas” y defendiendo la legalidad del Acuerdo de Paz, que fue renegociado y aprobado por el Congreso tras la derrota en el plebiscito. Según Santos, todo el proceso fue avalado por la Corte Constitucional y el Congreso, lo que desmiente cualquier intento de comparar su actuación con la de Petro.
“En otra oportunidad le responderé a Uribe sus repetidas calumnias sobre lo que él llama ‘petrosantismo’, que no existe. Lo que el país necesita en estos momentos es que todos los expresidentes nos unamos para defender nuestra democracia”, escribió.
Un viejo conflicto con nuevas implicaciones
La tensión entre Uribe y Santos no es nueva. Data desde la ruptura de su relación política en 2010, cuando Santos, electo como delfín de Uribe, se desmarcó rápidamente del uribismo para iniciar el proceso de paz con las entonces FARC, algo que el expresidente Uribe jamás perdonó.
En esta ocasión, su pelea renace con el trasfondo del nuevo escenario institucional abierto por Petro. El presidente, al considerar que el Congreso ha bloqueado sus reformas, ha decidido acudir directamente al pueblo a través de una consulta popular que, según sus opositores, está siendo tramitada de forma inconstitucional.
Aunque Uribe y Santos coinciden en señalar que el decreto de Petro representa una amenaza al orden institucional, cada uno lo hace desde trincheras políticas distintas: Uribe con la intención de deslegitimar tanto a Petro como a su viejo rival; Santos, intentando posicionarse como defensor de la democracia, a pesar de las críticas pasadas sobre el manejo del Acuerdo de Paz.
Lo que viene: las instituciones tienen la última palabra
Más allá del cruce de declaraciones, lo cierto es que la última palabra sobre la legalidad del decreto de Petro no la tendrán ni Uribe ni Santos, sino las instituciones. El registrador nacional, Hernán Penagos, deberá decidir si procede con la organización de la consulta o si espera una directriz judicial. Posteriormente, será la Sala Quinta del Consejo de Estado la que evalúe la legalidad del decreto presidencial.
El futuro político inmediato del país depende de ese camino institucional, mientras el ruido de la confrontación entre expresidentes vuelve a eclipsar el debate de fondo: ¿Es legítimo que un presidente convoque una consulta popular por decreto cuando no tiene respaldo en el Congreso?
Por ahora, Petro ha conseguido lo que parecía improbable: que Uribe y Santos vuelvan a estar en el mismo titular. No como aliados, sino como viejos enemigos enfrentándose una vez más, ahora por el rumbo de la democracia colombiana.
