La condena contra Ciro Ramírez no salió de un episodio aislado ni de una irregularidad menor en contratación. El caso “Marionetas 2.0” es la prolongación de una red de corrupción que, según la justicia, convirtió convenios públicos y contratos de obra en una máquina para repartir beneficios económicos y réditos políticos.
¿Cómo se armó el esquema?
El caso contra Ramírez salió de una línea derivada del expediente de “Las Marionetas”, la red de corrupción asociada al exsenador Mario Castaño. Pero su capítulo tomó forma propia alrededor del Convenio 670 de 2021, firmado entre el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y Proyecta Quindío. Para la Corte, desde ese convenio se abrió la posibilidad de estructurar contratos derivados con el interés de beneficiar a quienes habían apoyado la campaña política del entonces senador.
La reconstrucción del caso muestra una secuencia. Primero se aseguraba el convenio interadministrativo, que servía como vehículo para comprometer recursos públicos. Después venía la etapa de adjudicación y luego el gerente decidía de manera discrecional a quiénes enviaba invitación privada para presentar oferta. En varios de esos procesos, agregó la Fiscalía, dos de los tres invitados no entregaban todos los documentos o no subsanaban, de manera que solo un proponente quedaba habilitado para cumplir los requisitos.
Ese fue, justamente, el mecanismo que permitió hablar de direccionamiento contractual. La Fiscalía sostuvo que en el capítulo de Ramírez se movieron al menos 13 contratos a través del DPS y de Proyecta Quindío, y que ese esquema hacía parte de una empresa criminal derivada del expediente original de Las Marionetas. En esa investigación aparecieron nombres como Katherine Rivera Bohórquez, Anderson González, Raúl Alfonso Cardozo y Pierre García Jacquier, señalados en distintas actuaciones como piezas del engranaje alrededor del convenio y de los contratos posteriores.
En esa reconstrucción fue clave el testimonio de Pablo César Herrera Correa, exgerente de Proyecta Quindío. Sus declaraciones fueron el punto de partida de varias líneas del proceso y alimentaron la hipótesis sobre cómo operaba la red. En 2023, se revelaron apartes de ese testimonio en los que Herrera habló de contratos interadministrativos por $22.173 millones y $49.460 millones, de pagos irregulares entre 10 % y 15 % y de reuniones para favorecer a determinados contratistas.
¿Qué concluyó la Corte?
La Corte Suprema sostuvo que se demostró que Ramírez lideró una organización criminal integrada por funcionarios públicos, particulares y contratistas, y que, a través de esa estructura, se logró la estructuración del Convenio 670 de 2021 y de otros contratos derivados. El tribunal añadió que el entramado se encaminó a direccionar actos contractuales hacia determinados contratistas para obtener de ellos un beneficio electoral, especialmente en contratos relacionados con construcción, implementación y mejoramiento de vías.
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Con base en esa conclusión, la Sala Especial de Primera Instancia condenó a Ramírez por concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. Le impuso una pena de 279 meses y 8 días de prisión, una inhabilidad de 280 meses y 20 días y una multa de 19.402 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a $22.340 millones para la época de los hechos. La Corte también precisó que hubo absolución frente a algunos contratos concretos dentro del cargo de interés indebido. Como se trata de una decisión de primera instancia, la defensa puede apelar ante la Sala de Casación Penal.
En esa medida, “Marionetas 2.0” quedó descrito por la justicia como un esquema que no comenzaba en el pago ni terminaba en el contrato. Empezaba en la viabilización institucional del convenio, seguía en la selección cerrada de oferentes y terminaba en la adjudicación de obras a contratistas vinculados con la red. Esa es la estructura que la Corte dio por probada en el caso contra Ciro Ramírez.
