El presidente Gustavo Petro pidió públicamente a la Corte Constitucional avanzar en la discusión de la reforma pensional, aún pendiente de decisión definitiva. El llamado se produjo en Cúcuta, en medio del debate jurídico por el futuro de la ley y por el traslado de recursos desde fondos privados hacia Colpensiones.
El llamado de Petro a las cortes
Desde Cúcuta, el presidente Gustavo Petro elevó el tono de su defensa de la reforma pensional y pidió a la Corte Constitucional retomar el estudio de la ley aprobada por el Congreso. En su intervención, el mandatario dijo que “se arrodilla” ante las cortes para que no se frene una reforma que, según el Gobierno, busca ampliar la protección económica para adultos mayores.
“Les solicito, les suplico, me arrodillo ante las cortes”, afirmó Petro al insistir en que el alto tribunal debe poner nuevamente en discusión el expediente. El mandatario vinculó su llamado con la necesidad de garantizar una pensión digna para trabajadores, jóvenes y personas mayores que hoy no logran acceder plenamente al sistema.
La Presidencia presentó el discurso como una solicitud para que la Corte avale la reforma y permita avanzar hacia un sistema que articule los fondos públicos y privados. Según el Gobierno, la iniciativa permitiría ampliar la cobertura de los adultos mayores y consolidar un modelo pensional con mayor participación de Colpensiones.
Durante el evento, Petro también defendió los subsidios para la población mayor. De acuerdo con Presidencia, el Gobierno pasó de 1,9 millones a 3 millones de beneficiarios y elevó el apoyo mensual a 230.000 pesos, con el objetivo de cubrir una canasta básica mínima para personas en pobreza extrema.
La reforma sigue bajo revisión
El llamado se da en un contexto jurídico abierto. En junio de 2025, la Corte Constitucional devolvió la reforma a la Cámara de Representantes por un vicio de trámite y ordenó una nueva discusión y votación para subsanar el procedimiento. Esa decisión aplazó la entrada en vigencia de la ley y dejó pendiente el examen definitivo de constitucionalidad.
La reforma mantiene las edades de pensión en 62 años para hombres y 57 para mujeres, fortalece el papel de Colpensiones y establece que quienes ganen hasta 2,3 salarios mínimos coticen en el sistema público, mientras los excedentes puedan ir a fondos privados. También incluye pilares solidario y semicontributivo para adultos mayores que no alcanzaron una pensión.
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En paralelo, el debate se cruzó con otra decisión: el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 415 de 2026, con el que el Gobierno reglamentó el traslado de recursos desde el Régimen de Ahorro Individual hacia Colpensiones. La decisión frenó los efectos del decreto mientras se resuelve de fondo su legalidad.
Petro calificó ese escenario como un riesgo para los ahorros de los trabajadores y cuestionó que los recursos permanezcan bajo administración de entidades financieras privadas. Sin embargo, la controversia jurídica sigue en manos de las altas cortes, que deberán definir tanto el alcance de la reforma como la legalidad de las medidas adoptadas para implementarla.
Por ahora, el futuro de la reforma pensional depende de las decisiones pendientes en la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Hasta que esos procesos concluyan, la implementación plena de la ley y el traslado de recursos hacia Colpensiones seguirán en suspenso.
