A menos de dos meses de las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, la Misión de Observación Electoral (MOE) le pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) reforzar la prevención y la sanción de la violencia contra las mujeres en política, un fenómeno que, según la organización, suele intensificarse en campaña. El llamado llega con un dato de fondo: la participación femenina en las candidaturas al Congreso se mantiene, en términos generales, en el mismo nivel de 2022.
Candidaturas: el 40% sigue siendo el techo
La MOE pone el primer foco en los números. Para el Congreso 2026, la proporción de candidaturas inscritas se mantiene en 60% hombres y 40% mujeres, sin un salto claro frente al ciclo anterior. La lectura es directa: las reglas de participación han servido para abrir la puerta, pero no necesariamente para empujar un cambio sostenido en representación real.
Al mirar por la corporación, el contraste se hace más visible. En la Cámara de Representantes, la MOE reporta una caída en candidatas del 4%, al pasar de 771 a 742. Y en el Senado aparece otro dato clave por el peso simbólico: de 16 cabezas de lista, sólo seis son mujeres. No es un detalle menor, porque la cabeza suele concentrar visibilidad, recursos y el primer golpe de opinión.
La regla que debuta en 2026: mínimo una mujer donde se eligen menos de cinco curules
En este ciclo entra en juego un ajuste que busca cerrar vacíos en varios territorios. Con la Ley 2424 de 2024, las listas en las que se elijan menos de cinco curules deben incluir al menos una mujer. La MOE recuerda que, en elecciones pasadas, 19 de los 32 departamentos no estaban obligados a cumplir cuota de género en ciertos escenarios, lo que terminaba ampliando la brecha según el tamaño de la circunscripción.
El punto de fondo es sencillo: cumplir una cuota no garantiza competitividad. Si la inclusión se queda en el papel, el riesgo es que haya candidaturas con menos músculo, menos respaldo interno y más exposición a ataques.
Violencia política de género: cuando la campaña se vuelve un filtro de expulsión
El segundo bloque del pronunciamiento apunta a lo que suele verse en campaña, pero no siempre se mide bien: ataques orientados a sacar a las mujeres del debate. La MOE advierte sobre formas recurrentes de agresión: señalamientos sobre la vida personal, comentarios sobre apariencia física, sexualización de la imagen y hostigamiento digital.
Ese tipo de violencia no solo golpea a una candidata concreta. También cambia el incentivo para participar: eleva los costos de hacer campaña, frena nuevas aspiraciones y empobrece la conversación pública, porque desplaza propuestas por ataques.
Qué le toca al CNE con la Ley 2453 de 2025
El llamado de la MOE se apoya en el marco legal reciente. Desde abril de 2025, está vigente la Ley 2453 de 2025, que define y regula medidas para prevenir, atender, hacer seguimiento y sancionar la violencia contra las mujeres en política, incluyendo expresiones psicológicas, simbólicas, digitales y sexuales.
En ese tablero, el CNE no es un espectador. La norma le asigna tareas de inspección y vigilancia, lineamientos mínimos para partidos y campañas, medidas de prevención y, cuando aplique, sanciones. Dicho sin vueltas: 2026 es una prueba de ejecución, no de discurso.
