La Fiscalía General de la Nación confirmó que presentará una nueva imputación de cargos contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por presuntas irregularidades relacionadas con contratos de la Gobernación del Atlántico durante el tiempo en que ejerció como diputado departamental.
Los delitos que se le atribuyen en esta ocasión son interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público. Además, el organismo investigador solicitará una medida de aseguramiento, la cual, según se anticipa, podría cumplirse en un centro carcelario.
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Un proceso judicial cada vez más complejo
Actualmente, Petro Burgos enfrenta un juicio paralelo por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, procesos que han mantenido su nombre en el centro de la controversia pública.
A estos cargos iniciales se suma ahora una nueva línea de investigación que lo vincula con presuntas irregularidades en la contratación pública, aumentando el panorama judicial en su contra.
¿De qué se le acusa en esta nueva imputación?
Según la Fiscalía, las irregularidades se habrían dado en contratos suscritos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social, por un monto superior a 3.000 millones de pesos. Dichos convenios tenían como finalidad atender a adultos mayores y a personas en situación de discapacidad, pero habrían sido manipulados para favorecer intereses personales.
La entidad sostiene que Petro Burgos habría intervenido de manera irregular para favorecer la adjudicación de estos contratos en Barranquilla, buscando obtener beneficios económicos. Estas actuaciones, de acuerdo con las pesquisas, no se habrían realizado en solitario: también estaría involucrada su expareja Day Vásquez.
La Fiscalía General de la Nación confirmó que presentará una nueva imputación de cargos contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por presuntas irregularidades relacionadas con contratos de la Gobernación del Atlántico durante el tiempo en que ejerció como diputado departamental.
Los delitos que se le atribuyen en esta ocasión son interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público. Además, el organismo investigador solicitará una medida de aseguramiento, la cual, según se anticipa, podría cumplirse en un centro carcelario.
Un proceso judicial cada vez más complejo
Actualmente, Petro Burgos enfrenta un juicio paralelo por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, procesos que han mantenido su nombre en el centro de la controversia pública.
A estos cargos iniciales se suma ahora una nueva línea de investigación que lo vincula con presuntas irregularidades en la contratación pública, aumentando el panorama judicial en su contra.
¿De qué se le acusa en esta nueva imputación?
Según la Fiscalía, las irregularidades se habrían dado en contratos suscritos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social, por un monto superior a 3.000 millones de pesos. Dichos convenios tenían como finalidad atender a adultos mayores y a personas en situación de discapacidad, pero habrían sido manipulados para favorecer intereses personales.
La entidad sostiene que Petro Burgos habría intervenido de manera irregular para favorecer la adjudicación de estos contratos en Barranquilla, buscando obtener beneficios económicos. Estas actuaciones, de acuerdo con las pesquisas, no se habrían realizado en solitario: también estaría involucrada su expareja Day Vásquez.
Antecedentes de las investigaciones
Este nuevo proceso se suma al expediente que se adelanta en el Juzgado 2 Especializado de Barranquilla, donde se le acusa de recibir más de 1.000 millones de pesos en 2022 provenientes de empresarios como Samuel Santander Lopesierra y Gabriel Hilsaca, hijo de Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca. La Fiscalía señala que dichos recursos carecen de un origen justificado y podrían haber estado vinculados con la financiación de la campaña Petro Presidente.
Cabe destacar que en este proceso la fiscal del caso, Lucy Laborde, y la defensa del exdiputado ya han presentado sus últimas pruebas, lo que acerca el juicio a su fase final.
Lo que viene en el caso
Aunque la Fiscalía aún no ha fijado la fecha exacta de la audiencia, se prevé que en las próximas horas se oficialice el calendario. En esa diligencia, además de la formulación de cargos, se discutirá la solicitud de medida de aseguramiento que podría implicar la reclusión de Petro Burgos en un establecimiento penitenciario.
Este nuevo capítulo judicial había sido anticipado desde enero de 2024 por el fiscal Mario Burgos, quien en ese momento ya había anunciado la intención de imputar cargos por interés indebido en la celebración de contratos. Sin embargo, tras su separación del caso, el proceso quedó temporalmente suspendido hasta que la Fiscalía retomó las actuaciones actuales.
Un panorama incierto para Nicolás Petro
Con este anuncio, el hijo del presidente enfrenta dos procesos judiciales simultáneos: uno por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y otro por irregularidades en contratación pública. Ambos podrían tener consecuencias graves en su futuro judicial y político, incrementando la presión sobre su defensa y ampliando el espectro de cuestionamientos alrededor de su conducta.
