La Dirección General Administrativa del Senado advirtió que la asignación presupuestal 2026 no alcanzaría para cubrir con normalidad costos de funcionamiento y frentes sensibles como tecnología y seguridad. La alerta quedó consignada en una comunicación interna que compara lo aprobado para 2026 con lo ejecutado en 2025 y con lo solicitado en el anteproyecto.
¿Qué dice la comunicación interna?
El documento está fechado el 13 de enero de 2026 y fue dirigido a la Comisión de Administración del Senado y al presidente de la corporación, Lidio Arturo García Turbay, con copia a integrantes de esa instancia. Lo firma Astrid Salamanca Rahin, directora general administrativa, y plantea un punto de partida simple: el Senado entra a 2026 con una asignación menor a la que proyectó para operar, en un año en el que varios costos suben por factores externos.
En la carta se mencionan presiones como el incremento del salario mínimo, variaciones del costo de vida (IPC), compromisos contractuales y necesidades de operación que no se ajustan “hacia abajo” de forma automática. La advertencia no se queda en la cifra: sostiene que el recorte puede traducirse en interrupciones de servicios y afectaciones operativas.
¿Las cifras: lo pedido y lo asignado?
La Dirección Administrativa compara tres planos: lo solicitado en el anteproyecto, lo apropiado en 2025 y lo asignado para 2026 mediante el decreto de cierre presupuestal de diciembre de 2025.
Según el documento, en el anteproyecto 2026 el Senado pidió cerca de $656,3 mil millones. La asignación definitiva para 2026 quedó alrededor de $486,5 mil millones, una brecha aproximada de $169,8 mil millones frente a lo proyectado. En términos interanuales, el total aprobado para 2026 aparece cerca de 2% por debajo del presupuesto final de 2025.
Los más afectados: inversión, tecnología y seguridad
El mayor desajuste, según la carta, se ve en inversión. Mientras el anteproyecto contemplaba alrededor de $203,4 mil millones, la apropiación para 2026 quedó cerca de $60,4 mil millones. Ese monto, además, habría quedado concentrado en un solo proyecto asociado a seguridad y movilidad de servidores públicos. La consecuencia, dice el documento, es que otras iniciativas de modernización quedarían sin respaldo.
En el componente de tecnología, la Dirección Administrativa advierte que sin recursos para sostener servicios y soporte se ampliarían vulnerabilidades en plataformas y sistemas críticos: desde la estabilidad del correo y los portales institucionales hasta la disponibilidad de servidores y el riesgo de pérdida o exposición de información.
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En seguridad física, el texto enumera necesidades concretas: soporte al Centro Integrado de Control, operación y verificación de control de accesos, agendamiento de visitantes, molinetes, talanqueras, biometría y carnetización. También incluye equipos de inspección y detección como máquinas de RX, arcos detectores y control vehicular en sedes del Senado. En este punto se menciona un universo cercano a 70 personas vinculadas a funciones operativas, incluido personal que apoya tareas en coordinación con la Policía Nacional.
El reloj: el trámite antes del 31 de enero
La carta insiste en el factor tiempo. Habla de un traslado presupuestal que requeriría concepto favorable y viabilidad institucional antes del 31 de enero de 2026, por la entrada en vigencia de restricciones asociadas a la ley de garantías. El mensaje es práctico: si no se toman decisiones dentro de esa ventana, el Senado podría iniciar el periodo legislativo con limitaciones para sostener continuidad de servicios considerados críticos.
