Después de las consultas presidenciales del 8 de marzo, la seguridad de los aspirantes entró en una nueva fase. El Gobierno anunció que retirará los refuerzos extraordinarios de quienes quedaron por fuera de la competencia y reorganizará esos recursos para fortalecer a los ganadores y, en los próximos días, a quienes formalicen su candidatura presidencial.
Del precandidato al candidato: qué cambia
La decisión, anunciada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, no supone desmontar de manera automática todos los esquemas de protección. Lo que se retira, según explicó el Gobierno, son los componentes adicionales asignados por la condición de precandidatos en consulta: hombres, vehículos y armamento reforzado que se activaron para esa etapa del proceso. Los esquemas ordinarios que algunos ya tenían por riesgo previo se mantienen, y cualquier cambio adicional deberá pasar por la ruta regular de evaluación de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
El anuncio fue discutido en el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE), la instancia interinstitucional que revisa medidas de seguridad para actores del proceso electoral. En esa lógica, el mensaje del Gobierno es que la protección no depende únicamente de la aspiración política, sino del nivel de riesgo que se determine en cada caso. Por eso Benedetti insistió en que quien considere que su situación cambió puede acudir a la UNP para pedir un nuevo estudio.
Los ganadores entran en otra etapa
La otra cara de la decisión es el refuerzo a quienes sí salieron fortalecidos de las consultas. El Gobierno dijo que reorganizará parte del personal liberado para fortalecer los esquemas de Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras, ganadores de las consultas interpartidistas del 8 de marzo. No es una medida menor: desde el punto de vista político, el Estado está trazando una frontera clara entre la etapa de selección interna y la campaña presidencial propiamente dicha.
Ese cambio coincide además con el calendario electoral. La Registraduría fijó que la inscripción de candidaturas presidenciales va del 31 de enero al 13 de marzo de 2026, de modo que el país está entrando en los últimos días de transición entre consultas, firmas y candidaturas ya formalizadas. En ese contexto, la seguridad deja de organizarse alrededor de los aspirantes que buscaban ganar una consulta y empieza a concentrarse en quienes efectivamente seguirán en carrera hacia la primera vuelta del 31 de mayo.
Seguridad electoral con filtro político e institucional
La decisión también deja ver cómo el Gobierno está leyendo esta etapa del proceso. Hasta ahora, el propio Ejecutivo ha dicho que el Estado brindó medidas de protección a 64 precandidatos presidenciales, además de centenares de candidatos al Congreso y aspirantes de circunscripciones especiales. Eso muestra que la protección electoral ya no se limita a unas pocas figuras de alto perfil, sino que opera como un dispositivo amplio de garantías democráticas. Pero también marca un límite: esos recursos no son indefinidos ni se conservan intactos cuando cambia la condición política del protegido.
En otras palabras, lo que se está reordenando no es solo un esquema de escoltas, sino la arquitectura de seguridad de la contienda. Los perdedores de las consultas salen de la categoría de precandidatos protegidos con refuerzos extraordinarios; los ganadores pasan a una fase de mayor exposición pública; y el resto de aspirantes que oficialicen su inscripción en los próximos días entrarán a una nueva revisión institucional.
