En medio del avance acelerado de la reforma laboral en el Congreso, el panorama político colombiano se mantiene tenso y con una pregunta central en el aire: ¿qué pasará con la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro?
La Comisión Cuarta del Senado aprobó en tercer debate los 75 artículos de la ponencia, un paso clave para que esta ambiciosa iniciativa llegue a ser ley. Sin embargo, mientras el trámite legislativo sigue su curso, el debate sobre la consulta popular no solo persiste, sino que se intensifica.
Aprobación clave y tensión política
El proyecto de reforma laboral, uno de los pilares de la agenda social del Gobierno, fue aprobado en la Comisión Cuarta del Senado. Su paso siguiente es la discusión en la plenaria de esa corporación y luego la conciliación con los textos ya aprobados en la Cámara de Representantes, que presentan diferencias sustanciales. Si logra sortear estos obstáculos, el proyecto pasará a sanción presidencial.
Este avance llega justo en la antesala de un "gran paro nacional", convocado para el 28 y 29 de mayo, que busca respaldar tanto la reforma laboral como la consulta popular. Las centrales obreras, el Pacto Histórico y diversas organizaciones sociales han anunciado movilizaciones en las principales ciudades del país, mostrando que el pulso entre el Ejecutivo y la oposición sigue latente.
La consulta popular: ¿una opción viva o desestimada?
Aunque la reforma laboral avanza, el presidente Petro y su equipo insisten en que la consulta popular sigue siendo necesaria. Luego del hundimiento del primer proyecto en el Senado, el Gobierno anunció que presentará una nueva versión con 16 preguntas, incluyendo ahora también temas relacionados con la salud. La consulta es vista por el Gobierno como un "seguro de vida" para las reformas sociales.
Sin embargo, el camino legal de esta iniciativa es incierto. El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha argumentado que hubo un "vicio de forma" en la votación del 14 de mayo, cuando se negó el concepto previo del Senado requerido para que el presidente pueda convocar la consulta. Según Benedetti, no se leyó la proposición completa antes de votarla, lo cual violaría el artículo 125 de la Ley Quinta de 1992.
El presidente Petro ha respaldado esa postura y solicitó formalmente repetir la votación, argumentando que muchos congresistas fueron "abusivamente" impedidos de votar. No obstante, Efraín Cepeda, presidente del Senado, ha defendido la legalidad del procedimiento y advirtió que si el Gobierno no está de acuerdo con la votación, debe acudir a la justicia y no emitir un decreto de convocatoria.
¿Puede el Gobierno convocar sin el Senado?
La polémica radica en si el presidente puede decretar una consulta popular sin un concepto previo favorable del Senado. Según el constitucionalista Juan Manuel Charry, la Constitución es clara: sin ese concepto, la convocatoria sería inconstitucional. “Si no hay concepto, no se ha cumplido con el requisito previo”, afirmó.
Charry también advierte que, de persistir en esa vía, el Gobierno podría enfrentarse a acciones legales y eventualmente a un pronunciamiento de la Corte Constitucional.
¿Y ahora qué?
La suerte de la consulta popular dependerá de varios factores clave: si el Senado repite o no la votación cuestionada; si el Gobierno decide emitir un decreto sin el respaldo del Congreso; y si sectores opositores judicializan el proceso. Mientras tanto, la reforma laboral sigue su camino legislativo, aunque aún le quedan escollos por superar antes de convertirse en ley.
Lo que es claro es que el presidente Petro no da por cerrada la puerta de la consulta. Su discurso apunta a mantener la presión política y movilizar a la ciudadanía en defensa de su agenda social, mientras la oposición se blinda con argumentos legales para evitar lo que califican como una “instrumentalización política” de los mecanismos de participación ciudadana.
