La representante a la Cámara Catherine Juvinao radicó una queja disciplinaria ante la Procuraduría contra el ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, señalando inconsistencias en los reportes de ejecución presupuestal en una cartera que, para 2025, tiene un rubro asignado de $1.2 billones.
Cifras que no coinciden
Juvinao explicó que “Florián llega en agosto. Recibe el ministerio con una ejecución de más o menos 4%. Un mes después, en septiembre, dijo que ya la ejecución iba en 14%. Luego, un mes después, a mediados de octubre dijo que la ejecución del Ministerio ya iba en 46% y un mes después, el 9 de noviembre, dijo que ya no iban en el 46%, sino en 40%”.
Según la representante, las cifras oficiales no coinciden con lo que muestra el sistema: “Cuando uno revisa el portal de transparencia queda claro que Florián está mintiendo a título de dolo y posiblemente estaría cometiendo dos faltas disciplinarias: primero, llevar en forma indebida el registro de ejecución presupuestal de la entidad y, segundo, suministrar datos inexactos y documentación falsa a esta corporación para inducir a error a los congresistas en el trámite de si se revive o no el Ministerio de la Igualdad”.
Explicó que “según el portal de transparencia, la ejecución del ministerio con corte a noviembre es del 7% señor Florián”.
Además, Juvinao afirmó que el ministro ha intentado justificar los reportes apelando a una supuesta confusión técnica: “El ministro cree que no entendemos la diferencia entre recursos comprometidos y recursos ejecutados, que no es lo mismo. Tan no es lo mismo, que en 2023 y 2024 MinIgualdad dejó comprometidos el 94% y 99% de los recursos respectivamente. No obstante, la ejecución solamente fue del 0.6% y del 5%, respectivamente”.
Debate sobre el futuro del Ministerio
La acusación se da, tras el debate que se realizó en el Congreso de la República esta semana que buscaba revivir el Ministerio de la Igualdad, luego de que la Corte Constitucional tumbara en mayo de 2024 la Ley que permitió su creación por vicios de trámite. Sin embargo, el fallo dio oxígeno hasta 2026, año en el que la cartera desaparecería si no se aprueba una nueva ley.
El Ministerio defendió su continuidad al señalar que “defender el Ministerio es defender a poblaciones históricamente excluidas e invisibilizadas: madres cabeza de familias, jóvenes, personas con discapacidad, habitantes de calle, población LGBTIQ+ y pueblos étnicos, entre otras, a las que atiende esta cartera de enfoque social”.
