En la política colombiana los contrastes no son extraños, pero pocas veces dos trayectorias tan disímiles terminan entrelazadas por un mismo escándalo. Iván Name y Andrés Calle, presidentes del Senado y la Cámara de Representantes durante el periodo legislativo 2023-2024, protagonizan hoy una de las crisis más profundas de legitimidad institucional de los últimos años, tras ser capturados por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según las investigaciones preliminares, ambos habrían recibido un total de 4.000 millones de pesos —3.000 millones para Name y 1.000 para Calle— a cambio de favorecer la agenda del Gobierno Nacional en el Congreso. Más allá de la magnitud del monto, lo que estremece al país es que por primera vez en la historia reciente son detenidos de forma preventiva los presidentes de Senado y Cámara en un mismo periodo legislativo, por hechos similares y dentro del mismo escándalo.
Iván Name, curtido senador con una extensa carrera política, representa el ala tradicional del Congreso. Ha sido figura visible del Partido Alianza Verde, aunque en los últimos años su postura se alejó de la línea petrista. Su detención ha generado una ola de cuestionamientos en sectores que lo consideraban un contrapeso frente a la presión del Ejecutivo.
En el otro extremo, Andrés Calle, con apenas 31 años, simbolizaba la nueva generación liberal con poder territorial. Proveniente del sur de Córdoba, su ascenso se dio rápidamente gracias al capital político de su padre, Gabriel Calle Demoya, dos veces alcalde de Montelíbano y uno de los grandes electores del departamento. Llegó al Congreso en 2018 con solo 25 años, impulsado por su alianza con Fabio Amín y un caudal de más de 57.000 votos.
Su carrera, sin embargo, estuvo marcada por decisiones cuestionadas. En la Comisión de Acusaciones, Calle fue el encargado de archivar el expediente del caso Odebrecht, lo que ya generaba suspicacias entre sus pares. Más adelante, fue uno de los primeros liberales en apoyar abiertamente al presidente Gustavo Petro, un movimiento que, según fuentes cercanas, respondió más a una lectura electoral que a una convicción ideológica: una encuesta interna le habría revelado que el 80 % de los votantes en su zona respaldaban al entonces candidato presidencial.
La captura de ambos parlamentarios no solo debilita aún más la ya erosionada legitimidad del Congreso ante la opinión pública, sino que también golpea directamente al Ejecutivo. Si bien se investiga el supuesto soborno por parte de altos funcionarios para lograr apoyo legislativo, el escándalo también plantea una pregunta incómoda para el Gobierno de Gustavo Petro: ¿hasta qué punto hubo intención directa o conocimiento de los sobornos?
