La reforma pensional quedó en suspenso luego de que la Sala Plena de la Corte Constitucional no lograra una decisión en la sesión extraordinaria realizada este 24 de noviembre.
Tras el retiro del magistrado Héctor Carvajal, declarado impedido por su vínculo previo con Colpensiones, el tribunal quedó con ocho magistrados y el análisis del caso terminó en un empate: cuatro votos a favor de tumbar la ley y cuatro a favor de mantenerla, bajo el argumento de que los vicios de procedimiento habían sido corregidos.
El empate obliga ahora a que un conjuez —la figura que actúa como magistrado ad hoc cuando no hay mayoría— sea quien incline la balanza. El responsable será Carlos Pablo Márquez, un jurista con una destacada trayectoria nacional e internacional.
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Márquez es doctor en derecho de la Universidad de Oxford, magíster en Derecho de la Universidad de Harvard y profesional en derecho, filosofía y economía de la Universidad Javeriana. Actualmente es conjuez de la Corte Constitucional, designado por la Sala Plena.
Su carrera incluye experiencia en derecho de la competencia, protección de datos personales, derecho corporativo y regulación económica. Entre los casos más relevantes en los que ha participado figuran la fusión Disney–Fox, la fusión AB InBev–Bavaria, investigaciones por abuso de posición dominante de Bavaria, procesos contra Inmadica Andina y actuaciones relacionadas con clubes del fútbol profesional colombiano. Además, ha sido conferencista en universidades como Harvard, Oxford y Columbia, y ponente en organismos internacionales como la OCDE, la UNCTAD y la UIT.
La discusión sobre la reforma regresó a la Corte este lunes con un giro significativo: la exclusión del magistrado Carvajal, quien había sido señalado por haber emitido conceptos para Colpensiones antes de llegar al alto tribunal.
La Sala Plena concluyó que su participación sí generaba un conflicto de interés. Carvajal era considerado un voto determinante por su cercanía con el presidente Gustavo Petro —fue abogado de confianza del mandatario— y por su experiencia previa asesorando a Colpensiones. Para evaluar su impedimento, la Corte solicitó a esa entidad remitir los contratos y conceptos firmados por él.
La salida de Carvajal abrió la puerta no solo al empate, sino también a nuevas tensiones internas. Ahora la Sala deberá resolver otra recusación, esta vez contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien lidera la postura que propone declarar inexequible la reforma. Según los recusantes, su participación también podría comprometer la imparcialidad del análisis.
Aunque la reforma pensional fue aprobada por el Congreso, su vigencia está frenada debido a las múltiples demandas presentadas ante la Corte Constitucional. Esto obliga al tribunal a examinar dos aspectos fundamentales: primero, si el trámite legislativo respetó los tiempos y requisitos formales; y segundo, si el contenido de la ley afecta derechos fundamentales o recursos constitucionalmente protegidos.
Entre los cuestionamientos sobre el procedimiento se encuentran la manera como se realizaron las votaciones, el estudio de los artículos y posibles cambios introducidos sin que los congresistas los conocieran con suficiente anticipación. En cuanto al contenido, se debate si la reforma limita la libertad de elección entre fondos privados y Colpensiones, y si la estructura de pilares propuesta modifica elementos esenciales del sistema.
La Corte tiene tres posibles rutas: declarar la reforma completamente ajustada a la Constitución, tumbar algunos artículos o invalidar la ley en su totalidad si encuentra vicios graves. Hasta que no se tome una decisión, la reforma permanece congelada: no cambian las reglas para pensionarse, no inicia el sistema de pilares, no hay traslados automáticos a Colpensiones y no se activan los programas destinados a quienes no alcanzan a pensionarse.
El país, mientras tanto, espera el fallo definitivo que ahora depende del conjuez Márquez, cuyo criterio será decisivo para el futuro del sistema pensional.
