El registrador nacional, Hernán Penagos, anunció este martes que la convocatoria a la consulta popular impulsada por el Gobierno no se realizará, al menos hasta que no exista un pronunciamiento jurídico claro por parte de las Altas Cortes.
Durante una rueda de prensa ofrecida esta mañana, Penagos afirmó que la Registraduría Nacional no está en condiciones de avanzar con el proceso, hasta que el Consejo de Estado (Sala de Consulta), la Procuraduría General de la Nación y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado emitan concepto sobre la viabilidad constitucional del decreto presidencial que pretende convocar al pueblo colombiano a las urnas el próximo 7 de agosto.
“Estamos ante una controversia jurídica que no tiene antecedente en la historia moderna de Colombia”, señaló Penagos. "Y, además, estamos ante una dificultad material, porque organizar una consulta popular de esta magnitud exige una planeación rigurosa”, agregó.
La controversia gira en torno al decreto 0639, firmado por el presidente Gustavo Petro, en el que se ordena convocar la consulta pese a que el Senado negó la solicitud de concepto favorable, un requisito contemplado en la ley. El pasado 14 de mayo, el Senado informó oficialmente que rechazó la solicitud, respaldado por certificación notarial del secretario de la corporación.
No obstante, el Gobierno argumenta que la sesión en la que se negó el aval fue inconstitucional, por lo que considera vigente su facultad para continuar con el proceso. Así lo expresó el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien cuestionó la posición del registrador:
“Yo creería que él no está acatando el decreto, él es un operador logístico por así decirlo, él no tiene por qué estar haciendo una excepción constitucional de una excepción constitucional que hizo el Gobierno. Creo que se está equivocando gravemente en eso”.
Este cruce de argumentos ha intensificado el ambiente de confrontación entre poderes. “Estamos ante un problema jurídico de talla mayor, un enfrentamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo”, advirtió Penagos, quien informó que actualmente hay 11 demandas de nulidad radicadas ante la Corte Constitucional, así como múltiples derechos de petición relacionados con el proceso.
Desde el plano operativo, la Registraduría enfatizó que no existen condiciones logísticas para organizar una consulta en tan corto tiempo.
“Son 53 días, menos de dos meses, un tiempo insuficiente para convocar a una consulta de este nivel. Son 42 millones de personas las que podrían participar. No podemos improvisar”, sostuvo Penagos, quien también recalcó que el mínimo necesario para preparar adecuadamente una consulta popular es de tres meses.
Frente a la falta de un consenso legal y la presión de los tiempos, Penagos fue enfático en afirmar que la decisión final sobre el futuro de la consulta recae en las Altas Cortes. “Aquí lo correcto es esperar decisiones de los jueces. Son ellos quienes deben determinar si se continúa o no con los trámites de la consulta”, concluyó.
Contexto político
La consulta popular promovida por el Gobierno ha sido defendida como un instrumento legítimo para mejorar los derechos laborales y sociales de los colombianos, sin embargo, ha sido cuestionada desde diversos sectores políticos por su oportunismo electoral, la ambigüedad en los temas planteados y la incertidumbre jurídica sobre su legalidad.
Mientras tanto, el país permanece expectante ante lo que muchos analistas consideran una prueba crítica para la democracia institucional colombiana, en la que las decisiones de las cortes podrían redefinir los límites del poder presidencial y legislativo.
