El proyecto de ley que busca mantener vivo el Ministerio de la Igualdad y Equidad logró avanzar en las Comisiones Primeras Conjuntas de Senado y Cámara, tras superar una sesión clave de quórum y votaciones. La iniciativa sigue bajo presión porque la Corte Constitucional fijó un plazo para corregir los vicios de trámite de la ley que creó la entidad.
El proyecto superó un primer bloqueo
El Gobierno logró destrabar el trámite del proyecto que busca darle una nueva base legal al Ministerio de la Igualdad, una entidad creada durante el gobierno de Gustavo Petro y cuya continuidad depende ahora del Congreso.
Durante la sesión de este miércoles 13 de mayo, las Comisiones Primeras Conjuntas de Senado y Cámara conformaron el quórum decisorio y avanzaron en la votación de proposiciones. Según el Senado, fueron negadas propuestas que buscaban fusionar la cartera con entidades como el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Ese punto es clave porque parte del debate se ha concentrado en si el ministerio debe mantenerse como una entidad independiente o si sus funciones podrían ser asumidas por instituciones ya existentes. La oposición ha cuestionado la baja ejecución presupuestal, los costos administrativos y una posible duplicidad de funciones con otras entidades del Estado.
El representante Gabriel Becerra, aliado del Gobierno, aseguró que ya hay votos para sacar adelante la iniciativa en esta etapa del trámite. Sin embargo, el proyecto todavía no queda aprobado de manera definitiva: después de las comisiones conjuntas debe pasar por las plenarias de Senado y Cámara, donde el Gobierno tendrá que volver a asegurar mayorías.
La Corte puso el reloj en marcha
La urgencia del trámite viene de una decisión de la Corte Constitucional. En la Sentencia C-161 de 2024, el alto tribunal declaró inexequible la Ley 2281 de 2023, que creó el Ministerio de la Igualdad, porque durante su aprobación no se hizo el análisis de impacto fiscal exigido para una iniciativa que ordena gasto público.
La Corte no eliminó la entidad de inmediato, sino que difirió los efectos de la decisión por dos legislaturas, contadas desde el 20 de julio de 2024. Eso significa que, si el Congreso no aprueba una nueva ley antes de que termine la legislatura 2025-2026, la norma que creó el ministerio dejará de producir efectos jurídicos.
En la sesión, el ministro de Igualdad, Luis Eduardo Acosta, reconoció que la cartera ha tenido errores y problemas de ejecución. Según dijo, la baja ejecución se explica por procesos de reorganización interna, pero defendió la necesidad de mantener la entidad para mejorar su funcionamiento.
El debate, sin embargo, seguirá marcado por el costo fiscal, la eficacia administrativa y el alcance real de las funciones del ministerio. La oposición anunció que insistirá en hundir la iniciativa en las siguientes etapas, mientras el Gobierno buscará sostener las mayorías que consiguió en comisiones.
Por ahora, el proyecto ganó tiempo, pero no quedó blindado. Lo que viene será la discusión en las plenarias, donde se definirá si el Ministerio de la Igualdad continúa con una nueva ley o si el Gobierno deberá redistribuir sus funciones entre otras entidades del Estado.
