En una sesión extraordinaria y poco habitual, el Senado de la República avaló una proposición para ejercer control político al decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. La discusión se dio pese a que el Congreso se encuentra en receso legislativo hasta marzo, lo que marcó el carácter atípico de la jornada.
La plenaria se desarrolló luego de que el Senado votara los ascensos de oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Tras este punto, el secretario de la corporación dejó el orden del día abierto a las propuestas de los senadores, lo que permitió que se abriera el debate sobre el Decreto 1390 del 2 de diciembre de 2025, mediante el cual el Ejecutivo declaró el estado de emergencia económica y social.
La proposición fue presentada por el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, quien solicitó citar a todos los ministros del Gobierno Nacional para que rindan un informe detallado ante la plenaria del Senado. El control político abarcaría tanto la declaratoria de la emergencia como la venta de títulos de deuda pública (TES) por 23 billones de pesos a un único comprador extranjero.
Según explicó Motoa, la iniciativa se sustenta en los artículos 135 y 138 de la Constitución, los cuales establecen que la función de control político del Congreso puede ejercerse en cualquier momento, incluso durante los periodos de receso legislativo. “El control político no se suspende. La responsabilidad con el país de defender la democracia no se va a vacaciones”, afirmó el senador durante su intervención.
El comunicado que respaldó la proposición advierte que las medidas adoptadas por el Gobierno podrían poner en riesgo la estabilidad económica del país y no solucionar los problemas de caja del Estado. En ese sentido, varios congresistas señalaron que Colombia requiere un paquete de recortes al gasto y no nuevas cargas tributarias, ampliación de la base gravable o mayores emisiones de deuda.
Desde el Partido Conservador, el senador Efraín Cepeda aseguró que el hundimiento de las reformas tributarias impulsadas por el Gobierno era previsible. “El gasto crece a un ritmo de 38 billones de pesos al año, mientras la inversión apenas aumenta cuatro billones y medio. Es un derroche absolutamente innecesario”, afirmó, al tiempo que anunció su respaldo a la proposición.
Juan Felipe Lemos, del Partido de la U, calificó el decreto como “irresponsable” y sostuvo que evidencia un “desprecio absoluto por la Constitución y la ley”. En la misma línea, Esperanza Andrade, también conservadora, afirmó que la medida es inconstitucional y cuestionó que se justifique con argumentos relacionados con la salud y las UPC, temas que —dijo— no deberían tramitarse mediante una emergencia económica.
Por su parte, Guido Echeverri, del partido En Marcha, planteó la posibilidad de una moción de censura contra el ministro de Hacienda, al considerar que hubo una “flagrante violación de la Constitución”. A su turno, Paola Holguín, del Centro Democrático, calificó el decreto como “sumamente peligroso” y reiteró la necesidad urgente de ejercer control político, al advertir que la emergencia desconoce una decisión previa del Congreso.
La proposición fue aprobada sin votos en contra, aunque el Senado aclaró que lo avalado fue la citación a los ministros y la apertura del debate de control político, sin que ello implique decisiones adicionales sobre la vigencia del decreto.
