La declaratoria de emergencia económica anunciada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro comenzó a enfrentar sus primeros obstáculos políticos y jurídicos. Desde el Centro Democrático, partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, se estaría promoviendo una acción de tutela con la que se busca frenar la aplicación de esta política mientras la Corte Constitucional realiza el estudio de fondo sobre su constitucionalidad.
El exmandatario explicó que la iniciativa surge ante la vacancia judicial del alto tribunal, que no reanudará actividades ni tendrá sesiones extraordinarias para analizar la medida antes del 13 de enero. “La protección de los derechos ciudadanos no le puede aplicar la vacancia. Por eso, ante la vacancia de la Corte Constitucional, debería proceder la tutela”, afirmó Uribe, quien sostuvo que se trata del único mecanismo inmediato para evitar que los decretos de emergencia entren en vigencia.
Uribe fue más allá y señaló que, mientras la Corte inicia el estudio del caso, el Gobierno estaría aplicando lo que calificó como un “nuevo abuso” contra los colombianos. En esa línea, varios congresistas del Centro Democrático ya habrían comenzado estudios jurídicos para presentar formalmente la tutela y solicitar la suspensión de los decretos que aún están pendientes de publicación por parte del Ministerio de Hacienda y la Presidencia.
El objetivo de la emergencia económica, según ha explicado el presidente Petro, es recaudar recursos mediante mayores impuestos a los llamados “megarricos” del país, con el fin de cubrir un faltante cercano a los 16,3 billones de pesos que no fueron aprobados en la fallida ley de financiamiento en el Congreso. De acuerdo con el Ejecutivo, la ausencia de esos recursos afectaría proyectos de inversión social y limitaría la capacidad del Estado para garantizar sectores como educación y salud.
En medio del debate, la candidata al Senado por el Centro Democrático, María Clara Posada, defendió la procedencia de la tutela durante la vacancia judicial. “Durante la vacancia judicial, la acción de tutela se configura como el único mecanismo eficaz e inmediato para evitar que el decreto de emergencia económica produzca efectos irreversibles sobre derechos fundamentales”, afirmó. Además, advirtió que negar esta posibilidad generaría un vacío de protección contrario al espíritu garantista de la Constitución de 1991.
Las declaraciones provocaron una dura respuesta del presidente Gustavo Petro, quien recordó que durante los gobiernos de Uribe y de Iván Duque se impulsaron múltiples reformas tributarias que, según él, recayeron sobre el consumo popular. “Uribe y su amigo Duque nos llenaron de reformas tributarias; todas, sin excepción, se trataron de IVA al consumo popular y exoneraron a los más poderosos”, señaló el mandatario.
Petro insistió en que sus propuestas tributarias han buscado mayor progresividad y que fueron bloqueadas en el Congreso. Según el jefe de Estado, el expresidente Uribe pretende evitar que el 0,6 % más rico del país pague impuestos en 2026, mientras la deuda pública termina financiando subsidios entregados en administraciones anteriores.
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El debate también abrió un nuevo choque entre el Congreso y el Gobierno. El presidente del Senado, Lidio García, aseguró que la corporación está en capacidad de estudiar la declaratoria, incluso en sesiones extraordinarias. No obstante, ministros como Armando Benedetti y Antonio Sanguino sostuvieron que el Congreso no puede adelantar ese trámite sin el informe oficial del Gobierno, lo que profundizó la tensión entre las ramas del poder público.
