Los gobernadores de Antioquia, Atlántico y Guajira han denunciado la situación financiera calamitosa en la que han encontrado las arcas departamentales. Están considerando seriamente coger el mismo camino del Valle y acogerse a la Ley 550 para frenar los embargos y detener los procesos judiciales, que compromete millonarios recursos por demandas en reajustes pensionales y pasivos prestacionales en los sectores de salud y educación. Buena parte de estas acciones judiciales son orquestadas por jueces que hacen parte del denominado ‘Cartel de la Toga’. Sergio Fajardo es quien más ha comunicado la situación, pero la realidad financiera que le dejó el ex gobernador de Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, su sucesor, es igual de funesta.
