En Colombia, una parte grande de la caja de las gobernaciones depende de algo poco intuitivo: los impuestos al consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos. Estas son rentas cedidas, es decir, recursos que por ley quedan en manos de los departamentos y se vuelven su principal fuente de ingresos tributarios propios. Dicho sin vueltas: buena parte del dinero para operar, invertir y sostener programas sale de lo que la gente bebe y fuma.
La renta propia más grande: cerveza, licores y cigarrillos
En 2024, los tributos asociados a licor, cerveza y tabaco sumaron $5,4 billones para las gobernaciones, el 43% de sus ingresos tributarios propios. Si se agrega el recaudo del Distrito Capital, el total nacional por este concepto llegó a $6,1 billones. Es un nivel que no suelen alcanzar otros ingresos regionales como vehículos, estampillas o tasas.
En la práctica, el rubro se sostiene sobre tres fuentes: el impuesto a la cerveza (y bebidas similares), el impuesto a licores destilados (aguardiente, ron y aperitivos) y el impuesto a cigarrillos y tabaco. La base legal viene de la Ley 223 de 1995, y en 2016 hubo ajustes de tarifas y destinaciones específicas para salud y deporte.
¿Qué muestran las cifras?: concentración y dependencia
La dependencia no es menor. Solo los licores destilados explican una porción relevante de los ingresos propios de varios departamentos. Y cuando se suman cerveza y cigarrillos, el peso se acerca a la mitad de las rentas tributarias regionales.
También hay concentración. En el primer semestre de 2025, Antioquia habría recibido cerca de $1,55 billones por el monopolio de licores, y Cundinamarca alrededor de $1 billón en el mismo periodo. Entre ambos sumarían más del 44% del total nacional por ese concepto.
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Riesgos: salud pública, contrabando y tensión fiscal
Aquí aparece el dilema: son rentas que crecen, pero se apoyan en consumos que el Estado busca desincentivar por razones de salud pública. Además, subidas fuertes de impuestos pueden empujar el contrabando y el comercio ilegal, sobre todo en zonas de frontera, lo que recorta el recaudo legal y golpea a las gobernaciones.
A esto se suma la discusión Nación-territorios cuando se plantean cambios que impactan estas rentas. Los departamentos suelen reaccionar porque, para muchos, estos recursos no son “extra”, sino una base que sostiene gasto social y funcionamiento. El punto de fondo es simple: mientras no haya alternativas sólidas de ingresos regionales, el peso del alcohol y el tabaco seguirá marcando la conversación fiscal.
