Cuarenta años después de la tragedia de Armero, Colombia sigue sin conocer con precisión el número total de víctimas que dejó la erupción del volcán Nevado del Ruiz, reconoció este miércoles la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz.
“Hoy en día desconocemos las cifras precisas del desastre”, admitió durante la presentación del estudio “Armero: ¿40 años de vulneración de derechos?”, un informe que recopila las persistentes afectaciones y deudas del Estado con los sobrevivientes.
La rueda de prensa se realizó en Honda, a pocos kilómetros de las ruinas de la antigua ciudad que fue arrasada el 13 de noviembre de 1985 por una avalancha de lodo y escombros.
Una tragedia sin cierre definitivo
Armero, ubicada en el norte del Tolima y asentada en el valle del río Lagunilla, desapareció en cuestión de minutos. La defensora recordó que la erupción causó la muerte de unas 25.000 personas, dejó 8.000 sobrevivientes desplazados y provocó la separación de cerca de 500 niños de sus familias.
“El reto de la reunificación familiar sigue siendo otra deuda pendiente”, subrayó.
El informe sostiene que la tragedia no ha concluido: persisten la pobreza, el déficit en servicios básicos en los municipios donde fueron reubicadas las familias y las secuelas emocionales del desastre. “El 70 % de los sobrevivientes reconoce impactos psicológicos y más del 80 % asegura no haber recibido acompañamiento especializado”, advirtió Marín.
El documento también señala que no existe un censo único de víctimas ni datos consolidados sobre ayudas y viviendas entregadas. El registro único de propietarios de Armero —creado para reconocer derechos sobre los predios destruidos— continúa inconcluso cuatro décadas después.
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Marín calificó el desastre como una “herida abierta” que evidencia omisiones estatales tanto en prevención del riesgo como en la reparación integral. “La tragedia de Armero no es un hecho concluido en el pasado, sino una problemática viviente con efectos acumulativos y estructurales”, afirmó.
El informe de la Defensoría plantea fortalecer la institucionalidad local para la gestión del riesgo, incorporar un enfoque de derechos humanos y reconocer la historia de Armero como un caso de desplazamiento forzado causado por un desastre natural.
“Las pérdidas no solo fueron materiales, económicas y culturales, sino de vidas humanas, de familias rotas y de una memoria colectiva que aún busca reconstruirse”, concluyó Marín. EF
