Como de película, Jenni Marcela Ortiz Díaz, cajera principal de una entidad bancaria en Sabaneta, Antioquia, creyó que podía engañar al sistema y quedarse con más de 435 millones de pesos sin dejar rastro. Alteró las cámaras de seguridad, manipuló los protocolos internos y hasta distrajo a un compañero con un supuesto domicilio para quedarse sola en la oficina. Con todo dispuesto, empacó el dinero en una tula y desapareció.
El golpe lo ejecutó el 12 de diciembre de 2024. Ortiz pidió la apertura remota de la bóveda desde la central del banco y, con las cámaras fuera de servicio, retiró 435.896.654 pesos en fajos de billetes y paquetes de monedas. Ese mismo día no volvió a su puesto de trabajo, lo que encendió de inmediato las alarmas en la entidad financiera.
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Las auditorías internas y la denuncia ante las autoridades destaparon la magnitud del hurto. Tras varias semanas de investigación, la Policía Nacional logró capturarla en enero de 2025.
Durante el proceso judicial, Ortiz se allanó a los cargos de hurto calificado y agravado, lo que permitió agilizar el fallo en su contra. Finalmente, un juez de conocimiento la condenó a siete años de prisión.
La defensa intentó que la pena se cumpliera en detención domiciliaria, alegando que Ortiz padecía una enfermedad grave. Sin embargo, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses no encontró pruebas de esa condición, y el beneficio fue negado. Por lo tanto, deberá pagar su condena en un centro carcelario bajo custodia del INPEC.
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En su comunicado, la Fiscalía General de la Nación precisó que:
“Las labores investigativas permitieron probar que para cometer el hurto la mujer llamó a la central bancaria para que abrieran la bóveda donde estaba guardado el dinero. Para facilitar el hecho también le pidió a un compañero del banco que saliera de la sede a recibir un supuesto domicilio que había solicitado. La Fiscalía demostró que el dinero fue sacado en una tula y que, desde el mismo día del robo, la procesada no regresó a su lugar de trabajo. La investigada fue capturada por la Policía Nacional en enero de este año”.
La entidad también recalcó que, pese a la solicitud de prisión domiciliaria, Medicina Legal no certificó ninguna enfermedad grave, por lo que la mujer deberá cumplir su condena en un establecimiento carcelario.
