El pasado 17 de septiembre, la ciudad de Cali fue escenario de un nuevo y trágico hecho de violencia. Tres hombres fueron asesinados en la vía que comunica el corregimiento de La Buitrera con el casco urbano de la capital vallecaucana. El ataque, registrado alrededor de las 9:57 p. m., dejó también una persona herida y se suma a la larga lista de hechos violentos que han golpeado a la región en los últimos años.
Según los primeros reportes, las víctimas se desplazaban en una camioneta cuando fueron atacadas con disparos de arma de fuego. Dos de las personas fallecieron en el lugar, mientras que un tercero alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, donde lamentablemente perdió la vida. Las autoridades identificaron a dos de los fallecidos como Brandon Asdrúbal Castrillón Medina y Daniel Esteban Freire Martínez, mientras que la identidad de la tercera víctima continúa bajo verificación. Se estima que las edades de los asesinados oscilaban entre los 29 y 35 años.
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El hecho fue catalogado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) como una masacre, ya que se cumplieron los criterios establecidos de tres o más homicidios en un mismo evento. Además, este ataque se inscribe en una jornada particularmente violenta para la ciudad: ese mismo día se contabilizaron ocho homicidios en diferentes sectores de Cali, lo que evidencia el preocupante panorama de seguridad.
Respecto a la forma en que ocurrió el ataque, las autoridades manejan dos hipótesis principales. La primera apunta a que los disparos provinieron desde el exterior del vehículo, posiblemente por un ataque armado dirigido. La segunda plantea que el agresor pudo haber sido un ocupante de la misma camioneta, lo que abriría un escenario distinto de investigación. Hasta el momento, ninguna de estas versiones ha sido confirmada y las pesquisas siguen en curso.
El lugar donde ocurrió la masacre también genera alarma, pues la vía hacia La Buitrera conecta con zonas residenciales exclusivas, como el sector del Club Campestre, donde se concentran familias y comercios. Este factor ha incrementado la preocupación ciudadana y ha puesto nuevamente en el centro del debate la efectividad de las estrategias de seguridad en la capital del Valle del Cauca.
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La Policía y la Fiscalía adelantan las investigaciones, revisando pruebas balísticas, huellas en el vehículo y posibles conexiones de las víctimas con grupos armados o estructuras criminales que operan en la región. No obstante, hasta el momento no se han producido capturas ni se han entregado mayores avances públicos sobre la autoría del crimen.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y líderes sociales exigen respuestas rápidas y efectivas frente a un fenómeno que no da tregua y que sigue arrebatando vidas en la ciudad.
