Luego de permanecer retenidos durante 36 horas en una zona rural del municipio de Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó, fueron liberados los 18 militares del Ejército Nacional que habían sido secuestrados por integrantes de una comunidad indígena. La liberación se produjo en la noche del lunes 22 de diciembre, tras la intervención de una comisión humanitaria y en medio de señalamientos del Gobierno sobre la presunta instrumentalización del hecho por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
De acuerdo con información oficial, los soldados se encontraban adelantando operaciones militares contra el Grupo Armado Organizado (GAO) ELN cuando fueron retenidos por miembros de la comunidad indígena de Río Claro, ubicada en el resguardo La Puria, perteneciente al pueblo Embera Katío. Los uniformados hacen parte de la Brigada 15, adscrita a la Séptima División del Ejército Nacional, que opera en esta región del país.
La liberación fue posible gracias a un proceso de diálogo que se extendió por cerca de cuatro horas y que contó con la participación de una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, la iglesia católica, el Ministerio del Interior, autoridades departamentales y locales, así como representantes de la Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del Chocó.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la noticia a través de su cuenta en la red social X, donde aseguró que los 18 militares se encuentran “sanos y salvos” y bajo custodia de la institución. En su pronunciamiento, el jefe de la cartera de Defensa reiteró que no existen territorios vedados para la fuerza pública y rechazó de manera enfática el uso de civiles por parte de grupos armados ilegales para obstaculizar las operaciones militares.
“El Estado no tolerará la instrumentalización de comunidades ni las presiones criminales. Seguiremos cumpliendo nuestra misión constitucional y desmantelaremos el cartel del ELN y cualquier organización que amenace la seguridad de los colombianos”, afirmó el ministro Sánchez, quien también advirtió que se tomarán acciones legales frente a lo ocurrido.
Según explicó el funcionario, el Gobierno interpondrá denuncias penales por los delitos de secuestro y obstrucción a la función pública. Asimismo, se investigará la exposición de datos personales de los militares retenidos, una situación que —según indicó— puso en riesgo su integridad y pudo haber facilitado acciones criminales en su contra.
- Le puede interesar: ¡Ojo! Sube $100 el precio del diésel en Colombia
Por su parte, el Ejército Nacional reiteró su compromiso con el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, y aseguró que continuará desarrollando operaciones en el departamento del Chocó para garantizar la seguridad de sus tropas y de la población civil. La institución señaló que mantiene abiertos los canales de diálogo con las comunidades, pero insistió en que las acciones de retención constituyen un grave delito que no puede justificarse bajo ninguna circunstancia.
