¿Por qué los departamentos se financian con alcohol y tabaco?

Lun, 19/01/2026 - 14:30
En Colombia, licor, cerveza y cigarrillos son rentas cedidas a departamentos. En 2024 aportaron $5,4 billones, 43% del recaudo propio.
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En Colombia, una parte importante de la plata que administran las gobernaciones no sale de peajes ni de impuestos “clásicos”, sino del consumo de licores, cerveza y cigarrillos. La razón está en una figura clave: las rentas cedidas, recursos que por ley quedan en manos de los departamentos y que hoy explican una porción alta de su recaudo propio.

El punto de partida: qué son las “rentas cedidas”

Los departamentos tienen pocas herramientas tributarias propias con capacidad real de recaudo. Por eso, desde hace décadas, el diseño fiscal colombiano les asigna fuentes específicas relacionadas con el consumo: parte de los impuestos que pagan los ciudadanos cuando compran bebidas alcohólicas o cigarrillos no se queda en la Nación, sino que se transfiere directamente a los entes territoriales.

En la práctica, ese mecanismo hace que el funcionamiento de varias gobernaciones (y una parte de su inversión) dependa de un flujo de ingresos que no está ligado a la actividad productiva regional, sino a patrones de consumo.

Qué tan grande es esa bolsa

Las cifras muestran por qué se volvió un pilar. En 2024, los tributos asociados a licor, cerveza y tabaco sumaron $5,4 billones para las gobernaciones, equivalentes a 43% de sus ingresos tributarios propios. Si se agrega el recaudo del Distrito Capital, el total nacional por este concepto llegó a $6,1 billones.

Ese peso relativo suele superar el de otros ingresos regionales como el impuesto de vehículos, estampillas o tasas. Por eso, cuando se discuten cambios de tarifas o de reglas, los departamentos suelen reaccionar: no están defendiendo un ingreso marginal, sino una parte central de su caja.

De dónde sale: tres impuestos y un esquema histórico

El recaudo se apoya en tres fuentes principales: el impuesto a la cerveza (y bebidas similares), el impuesto a licores destilados (aguardiente, ron, aperitivos) y el impuesto a cigarrillos y tabaco. En el caso de los destilados, el sistema se complementa con el monopolio rentístico, una figura que permite a los departamentos administrar el mercado legal de ciertos licores para capturar ingresos.

La base normativa se consolidó en la Ley 223 de 1995 y tuvo ajustes posteriores que actualizaron tarifas y destinaciones específicas. Esto explica por qué, incluso con cambios de gobierno, se mantiene el mismo patrón: es una fuente estable, relativamente predecible y de recaudo inmediato.

Un recaudo concentrado: no todos los departamentos ganan igual

Aunque es un ingreso nacional, la distribución real es desigual. Los departamentos con mayor mercado interno y mayor control institucional tienden a captar más. En el primer semestre de 2025, por ejemplo, Antioquia habría recibido cerca de $1,55 billones por el monopolio de licores y Cundinamarca alrededor de $1 billón. Entre ambos sumarían más del 44% del total nacional por ese concepto.

Esa concentración deja una lectura adicional: la dependencia existe en casi todo el país, pero la capacidad de sostenerla y administrarla no es la misma en cada territorio.

El dilema: financiarse con lo que el Estado quiere desincentivar

Aquí aparece la tensión estructural. El Estado busca reducir el consumo de alcohol y tabaco por razones de salud pública, pero al mismo tiempo los departamentos dependen de ese consumo para financiar parte de su operación. Si el consumo baja, el recaudo también puede bajar. Si los impuestos suben demasiado, aumenta el incentivo al contrabando y al mercado ilegal, especialmente en zonas de frontera, lo que termina recortando el recaudo formal.

Por eso, cuando se plantea ajustar tarifas o rediseñar el esquema, el debate deja de ser solo fiscal: toca control territorial, salud pública y estabilidad presupuestal.​​​​​​​

La pregunta de fondo no es si alcohol y tabaco deberían financiar a los departamentos, sino qué alternativas reales existen para reemplazar esas rentas sin desordenar las finanzas regionales. Mientras no haya una canasta más sólida de ingresos propios, la discusión seguirá repitiéndose: cada reforma que toque estos impuestos vuelve a poner sobre la mesa el mismo problema, con una paradoja difícil de resolver: la caja departamental descansa, en buena medida, en lo que el país intenta consumir menos.

 

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