La realización de una corrida de toros para recibir el año 2026 en Barbosa, Santander, desató una fuerte controversia jurídica y política que ya llegó a la Procuraduría General de la Nación.
El ente de control abrió una indagación disciplinaria contra funcionarios por determinar de la Alcaldía municipal, con el fin de establecer si se cumplieron todos los requisitos legales para autorizar el evento taurino realizado el 1 de enero.
La denuncia que encendió la polémica
La investigación se originó tras las denuncias públicas del representante a la Cámara, Cristian Avendaño, quien aseguró que el alcalde de Barbosa, Marco Alirio Cortés, permitió una corrida de toros pese a la prohibición legal vigente.
“En pleno 2026, el alcalde Marco Alirio Cortés se pasa la ley por la faja. Disfrazar de ‘cultura’ un evento que él mismo llama ‘sangre, sol y arena’ no es tradición: es retroceso”, afirmó el congresista en redes sociales.
Avendaño adelantó un plantón pacífico en el lugar del festejo para protestar contra la corrida y denunció que fue agredido verbal y físicamente por el mandatario local y algunos de sus seguidores.
“Van a hacer una corrida de toros a pesar de que está prohibida por ley, a pesar de que la Corte Constitucional se ha pronunciado”, sostuvo.
¿Qué dice la ley sobre las corridas de toros?
La controversia ocurre en medio de la entrada en vigencia progresiva de la Ley 2385 de 2024, ratificada por la Corte Constitucional en septiembre de 2025. Esta norma prohíbe de manera definitiva las corridas de toros, novilladas, rejoneo, becerradas, tientas, corralejas y peleas de gallos en Colombia.
Aunque la prohibición total comenzará a regir en 2027, la Corte estableció un periodo de transición de tres años con condiciones estrictas. Durante ese tiempo, solo se permiten festejos taurinos en municipios donde exista una tradición continua e ininterrumpida y se prohíbe expresamente el uso de recursos públicos para financiarlos o para construir infraestructura asociada.
El punto clave del caso Barbosa
Según el representante Avendaño, en Barbosa las corridas de toros se dejaron de realizar hace dos años, lo que implicaría una interrupción de la tradición. De confirmarse, el municipio no podría acogerse al régimen de transición y la corrida realizada a inicios de 2026 sería ilegal.
Este es el eje central de la discusión jurídica que ahora analiza la Procuraduría.
¿Qué investiga la Procuraduría?
La Procuraduría Provincial de Vélez busca establecer si el municipio contaba con todos los permisos y documentos necesarios para la realización del evento, así como si existía una póliza todo riesgo de responsabilidad civil contractual y extracontractual que cubriera los posibles daños.
Además, el Ministerio Público indaga si Barbosa tiene una tradición taurina continuada e ininterrumpida que le permita realizar este tipo de festejos durante el periodo de transición previsto por la ley.
El ente de control reveló que, mediante un oficio enviado el 29 de diciembre de 2025, ya había advertido al alcalde sobre estas exigencias como parte de sus acciones preventivas.
La indagación disciplinaria avanza ahora para determinar posibles responsabilidades de los servidores públicos involucrados.
