Veintisiete exintegrantes del Ejército reconocieron ante la JEP su responsabilidad en 209 asesinatos de civiles presentados como bajas en combate en el Meta. En la audiencia, también aceptaron casos de desaparición forzada y devolvieron medallas recibidas por esos supuestos resultados operacionales.
Exmilitares reconocieron crímenes ante las víctimas
La audiencia de reconocimiento de verdad del Subcaso Meta del Caso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz dejó una de las escenas más fuertes del proceso por los llamados falsos positivos: exmilitares devolvieron a las familias de las víctimas medallas que habían recibido por operaciones presentadas como exitosas.
Según la investigación de la JEP, los comparecientes reconocieron su responsabilidad en 209 asesinatos de personas que fueron presentadas ilegítimamente como bajas en combate entre 2002 y 2007. Entre las víctimas había 10 menores de edad. También se reconocieron 65 desapariciones forzadas y una tentativa de homicidio en el departamento del Meta.
Los comparecientes hicieron parte de la Séptima Brigada del Ejército, el Batallón de Infantería Batalla Pantano de Vargas y el Gaula Militar Meta. En total, 27 exintegrantes de la Fuerza Pública aceptaron públicamente su responsabilidad ante magistrados, víctimas y familiares.
Durante la diligencia, realizada en Villavicencio, algunos de los exmilitares entregaron medallas recibidas por operaciones que, según sus propios reconocimientos, no correspondieron a combates reales. Una de las frases centrales de la audiencia fue la del capitán retirado Leonardy Alfonso Polo Sanabria, quien dijo que una de esas condecoraciones le fue otorgada por asesinar personas en estado de indefensión y no por cumplir con su deber.
¿Qué investigó la JEP en el Meta?
La JEP sostiene que estos hechos hicieron parte de un patrón en el que civiles fueron asesinados y luego presentados como integrantes de grupos armados muertos en combate. De acuerdo con la jurisdicción, ese mecanismo buscaba mostrar resultados operacionales, fortalecer indicadores militares y producir una sensación de éxito en materia de seguridad.
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En el caso del Meta, la Sala de Reconocimiento imputó a 30 exintegrantes del Ejército. Sin embargo, 27 aceptaron responsabilidad en la audiencia. Los procesos de quienes no reconocieron cargos pueden avanzar por una ruta distinta dentro de la justicia transicional, con posibilidad de sanciones más altas si son vencidos en juicio.
Entre los comparecientes estuvo el general retirado Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, quien fue comandante de la Séptima Brigada entre diciembre de 2001 y diciembre de 2003. Según la JEP, los mandos imputados incumplieron deberes de protección de la población civil y de control sobre sus subordinados.
El reconocimiento público es un paso clave dentro del procedimiento de la justicia transicional. En esta etapa, los comparecientes deben aportar verdad, reconocer responsabilidad y responder a las víctimas. Después de la audiencia, la JEP deberá evaluar lo ocurrido y avanzar hacia una resolución de conclusiones, que servirá de base para definir las sanciones correspondientes.
El caso se suma al avance del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. En abril de 2026, la JEP actualizó el universo de víctimas de este fenómeno a 7.837 personas entre 1990 y 2016, una cifra que puede seguir cambiando conforme avancen las investigaciones.
