La Contraloría General de la República advirtió fallas en la gestión del riesgo del sector defensa tras evidenciar que el avión militar C-130 Hércules, matrícula FAC 1016, accidentado el 23 de marzo de 2026 en Puerto Leguízamo (Putumayo), no contaba con una póliza de seguro vigente.
El siniestro, en el que murieron 69 militares, se convierte en uno de los hechos más graves recientes para la Fuerza Pública y ahora abre cuestionamientos sobre la protección financiera del Estado ante este tipo de tragedias.
El ente de control alertó que la ausencia de aseguramiento limita la transferencia del riesgo y expone al Estado a asumir directamente los costos derivados del accidente, incluidas eventuales indemnizaciones.
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El caso deja en evidencia un problema estructural: solo el 19 % de las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana están actualmente aseguradas, lo que refleja una brecha significativa en la cobertura de riesgos.
Según la Contraloría, aunque el presupuesto del sector defensa ha aumentado en los últimos años, estos recursos no han sido suficientes para atender necesidades clave como la modernización, el mantenimiento de aeronaves y el fortalecimiento de la gestión del riesgo.
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El informe también advierte riesgos fiscales de mayor alcance, como el rezago en inversión tecnológica y el impacto del régimen pensional de la Fuerza Pública, cuyos pasivos podrían superar los $140 billones.
Además, se identificaron fallas en la valoración del riesgo: aeronaves con alta exposición no cuentan con cobertura adecuada, mientras que otras presentan sobreestimaciones, lo que evidencia problemas en la asignación eficiente de recursos.
La Contraloría expresó su preocupación por las implicaciones que esta situación puede tener en la compensación económica de los tripulantes y sus familias, tras un accidente de alto impacto como el ocurrido en Putumayo.
Ante este panorama, el organismo hizo un llamado a fortalecer las políticas de aseguramiento, ajustar los modelos de valoración del riesgo y aumentar la inversión en capacidades estratégicas, con el fin de proteger el patrimonio público y garantizar la seguridad operacional.
