Los suizos rechazaron este domingo en referéndum la iniciativa “No a una Suiza de diez millones”, que planteaba imponer medidas para frenar el crecimiento demográfico, principalmente mediante más restricciones a la inmigración y al derecho de asilo, si antes de 2050 el país llegaba a los 9,5 millones de habitantes.
La propuesta, defendida en solitario por el partido populista Unión Democrática de Centro (UDC), fue rechazada por el 55 % de los votantes, según los resultados preliminares, que tienen un margen de error de más o menos 3 %.
Una propuesta centrada en el crecimiento poblacional
Suiza experimenta uno de los crecimientos demográficos más rápidos de Europa Occidental. El país pasó de 7,3 millones de habitantes en 2002 a más de 9,1 millones en 2026, lo que representa un aumento de casi el 25 % en 24 años.
De ese crecimiento, cerca del 80 % se debe a la inmigración neta, mientras que la tasa de fertilidad local ronda los 1,3 hijos por mujer. Actualmente, el 27 % de la población nacional, equivalente a más de dos millones de personas, es extranjera. La proporción es más elevada en cantones fronterizos, como Ginebra.
El objetivo formal de la iniciativa, que fue objeto de un amplio debate nacional, era evitar que la población del país superara los diez millones de personas en 2050. Sin embargo, el mensaje de fondo apuntaba a limitar la inmigración, incluida la proveniente de países vecinos de la Unión Europea, y a endurecer las normas de asilo.
El impacto en la relación con la Unión Europea
En materia migratoria, uno de los principales temores era el daño que una victoria del “Sí” podía causar en las relaciones entre Suiza y la Unión Europea. El país mantiene con el bloque vínculos políticos, económicos y comerciales considerados vitales para la economía helvética, cuyo pilar fundamental es el Acuerdo de Libre Circulación de Personas.
Ese acuerdo otorga a los ciudadanos de la UE el derecho a entrar, residir y ejercer una actividad profesional en territorio suizo en condiciones de igualdad con los nacionales.
Con excepción de la UDC, el resto de los partidos políticos se unió contra la iniciativa. Incluso el Partido Socialista formó una inusual alianza con la patronal para advertir a la ciudadanía sobre las consecuencias negativas de aprobar la propuesta, especialmente en un contexto en el que algunos sondeos realizados durante la campaña apuntaban a que podía ser aceptada.
Los argumentos en contra señalaron la dependencia de ciertos sectores, en particular la sanidad, la construcción y la restauración, de la mano de obra extranjera. También destacaron la necesidad del importante tejido empresarial suizo de contratar trabajadores altamente calificados procedentes de otros países.
Sin embargo, el debate también expuso el malestar que existe en Suiza frente a lo que una parte de la población percibe como una inmigración excesiva. Entre las preocupaciones más frecuentes están la presión sobre los servicios públicos y el impacto en el sector inmobiliario, en un país con precios de alquiler entre los más altos de Europa.
