
La relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos atraviesa un momento de tensión luego de que el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes divulgara un informe que señala preocupantes irregularidades en el Gobierno de Gustavo Petro.
El documento, incluido en la propuesta presupuestal para el año fiscal 2026, menciona la existencia de “denuncias creíbles” sobre consumo de drogas por parte de altos funcionarios del Ejecutivo colombiano. Aunque no se revelan nombres, el señalamiento ha provocado un fuerte impacto político y mediático en Bogotá.
El Comité también describe a Colombia como un país con un ambiente político “volátil”, citando hechos recientes como el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe y calificando ciertas decisiones gubernamentales como actos de “comportamiento errático”, con potencial riesgo para la estabilidad institucional.
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El informe va más allá de la advertencia diplomática y propone una reducción del 50 % en la ayuda económica no militar que Estados Unidos destina a Colombia. Esto significaría que, de los cerca de 400 millones de dólares asignados en años anteriores, solo 209 millones se girarían durante el próximo año fiscal, destinándose principalmente a programas de seguridad y lucha antidrogas.
El texto ordena, además, que el Departamento de Estado presente en un plazo máximo de 90 días una estrategia detallada para disminuir la producción y el consumo de estupefacientes en el país sudamericano.
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¿Cuáles han sido las reacciones?
Hasta el momento, la Casa de Nariño no ha emitido una respuesta oficial. Sin embargo, la publicación del informe ha generado controversia entre analistas y dirigentes políticos, quienes advierten sobre las implicaciones que un eventual recorte de recursos tendría para proyectos de desarrollo y cooperación internacional.
Especialistas en relaciones exteriores coinciden en que este episodio podría convertirse en un punto de inflexión en la histórica alianza entre Bogotá y Washington, especialmente en áreas estratégicas como la lucha contra el narcotráfico y la estabilidad regional.