La advertencia del presidente Gustavo Petro sobre la posible liquidación de las EPS en quiebra abre un escenario de alta incertidumbre para el sistema de salud colombiano, en un contexto marcado por fallas en la atención a pacientes y un creciente deterioro financiero del modelo.
El anuncio se produce en medio de casos que han puesto en evidencia las dificultades del sistema, como el de Jeisson Javier Pinzón Sandoval, un joven de 20 años con leucemia linfoblástica aguda que falleció tras esperar durante meses un medicamento. Situaciones como esta reflejan los tiempos críticos entre la enfermedad y la respuesta institucional.
Durante un Consejo de Ministros, el mandatario fue enfático al señalar el rumbo que tomará el Gobierno frente a las entidades en crisis. “Todas las que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera. Ya no tenemos alternativas”, afirmó, marcando un punto de quiebre en la discusión sobre la reforma a la salud.
La decisión impactaría directamente a millones de usuarios. Actualmente, varias EPS intervenidas concentran cerca de 23 millones de afiliados, lo que equivale a casi la mitad del sistema. Una eventual liquidación implicaría reubicar a estos pacientes sin que exista aún una hoja de ruta clara para garantizar la continuidad de los servicios.
Estas son las EPS en riesgo de liquidación
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Nueva EPS: 10,8 millones de usuarios
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Coosalud: 3,2 millones
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Famisanar: 2,9 millones
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Asmet Salud: 1,8 millones
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Emssanar: 1,7 millones
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Savia Salud: 1,6 millones
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Servicio Occidental de Salud: 750.000
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Capresoca: 170.000
En conjunto, estas entidades concentran una porción significativa de la población afiliada, lo que incrementa la complejidad de cualquier decisión sobre su futuro.
Desde el Gobierno, la medida se sustenta en la crisis financiera del sistema. El presidente ha insistido en que el Estado no asumirá las deudas de estas entidades, que superan los 16 billones de pesos. Según explicó, hacerlo implicaría un riesgo para la estabilidad de las finanzas públicas.
Sin embargo, el impacto de una eventual liquidación genera preocupación en el sector salud. La salida simultánea de varias EPS podría traducirse en interrupciones en tratamientos, retrasos en la entrega de medicamentos y mayores barreras de acceso para los pacientes.
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A esto se suman los datos financieros más recientes. Un análisis del Observatorio Financiero de Así Vamos en Salud, con corte a septiembre de 2025, muestra que varias de estas entidades operan bajo una presión crítica, con pasivos que superan ampliamente sus activos. En el caso de Famisanar, se registra un patrimonio negativo cercano a los 3,1 billones de pesos.
Además, la falta de información actualizada en algunas EPS limita una visión completa del riesgo real del sistema, lo que añade incertidumbre sobre el alcance de la crisis.
El efecto también podría extenderse a clínicas y hospitales, que dependen del flujo de recursos de estas entidades. Una afectación en los pagos comprometería la prestación de servicios y el empleo en el sector.
En paralelo, el Gobierno anunció que presentará nuevamente la reforma a la salud el próximo 20 de julio, en un escenario político clave. Mientras avanza el debate, el futuro del sistema y la atención de millones de colombianos permanece en el centro de la discusión.
