El pasado 13 de junio se hizo tendencia una noticia en redes sociales: el IVA subiría del 19% al 26% a raíz de la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo con el que se habló sobre una nueva radicación de una reforma tributaria, la cual traería implícita una reestructuración de este impuesto. Sin embargo, la información no es cierta.
Desde el Ministerio de Hacienda se desmintió esta información: “El Gobierno Nacional no ha anunciado cambios en la tarifa de IVA. La reforma tributaria no debe entenderse como una medida tradicional de ajuste fiscal, sino como una oportunidad para repensar el uso y la eficiencia de los tratamientos diferenciales y los beneficios tributarios de la Nación”.
Confirmaron que no se planteó subir este impuesto al 26%, asegurando que ya ha sido corregida la información. No obstante, el ministro Germán Ávila sí reconoció que se ajustaría la estructura tarifaria de dicho tributo, pero que nunca se tocó la posibilidad de un incremento en el IVA explícitamente.
También recalcó que es importante revisar otros impuestos como el del carbono, el petróleo y el carbón, así como a los juegos de azar en línea. También se señaló una vieja propuesta que propone implementar impuestos a las iglesias en el país.
A pesar de los rumores y estas versiones que circularon en las redes sociales y en algunos medios de comunicación, aún no se tiene un detalle conciso sobre lo que traería el nuevo proyecto tributario con el que el Gobierno Nacional buscaría materializar cambios económicos en el país.
Con la nueva reforma tributaria que se estaría conformando, el Ministerio de Hacienda esperaría recaudar un monto entre los $19,6 y $25,4 billones. Esta intención del Gobierno se dio a conocer en la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo que estuvo a cargo del ministro el pasado viernes.
Suspensión de la regla fiscal
El reciente anuncio del Gobierno Nacional sobre la suspensión de la regla fiscal ha generado una fuerte controversia entre expertos, economistas y exfuncionarios. Para comprender la magnitud de esta decisión, conversamos con un exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien explicó a fondo los riesgos y las implicaciones de este giro en la política económica del país.
“La regla fiscal es una camisa de fuerza, es un mecanismo que evita que el gobierno suceda en déficit fiscal y en deuda pública, estableciendo unos topes máximos para estos dos indicadores, de tal manera que las finanzas públicas son sostenibles a largo plazo y garantizan que la economía puede funcionar adecuadamente”, explicó el exministro. Esta normativa fue diseñada precisamente para evitar desbordes financieros que afecten la estabilidad macroeconómica.
La principal crítica a la decisión del gobierno es que, al suspender la regla, se abre la puerta a un gasto público sin control. “Lo que hace es que abre la posibilidad a que pueda haber más y más gasto y más y más deuda, sin control alguno. Esto hace insostenible las finanzas públicas, deteriora la credibilidad del manejo macroeconómico y puede tener implicaciones sobre tasa de cambio, costo de endeudamiento, inflación e inversión extranjera directa, así como inversión local”.
Los efectos ya comienzan a sentirse. El exjefe de la cartera de Hacienda advierte que “el gobierno está asumiendo un riesgo gigante al tomar esta decisión, que ya lo estamos viendo, en costo de financiamiento 30-40% más costoso, menos espacio para la inversión social en el presupuesto nacional, volatilidad de la tasa de cambio y todas las implicaciones que esto tiene sobre la inversión, sobre la inflación y sobre el crecimiento de la economía”.
Uno de los puntos más críticos de su análisis es el enorme aumento en la disponibilidad de recursos que tendría el Ejecutivo para el año próximo. “La estimación es que si se hubiesen cumplido las metas de deuda y de déficit fiscal, pues el gobierno no va a tener, o no tendría, como va a tenerlo en este caso, una disponibilidad de más de 140 billones de pesos adicionales para gastar en 2025”.
Este aumento en la capacidad de gasto genera inquietudes no solo por el monto, sino por la forma en que se financiaría. “Esto tiene un agravante y el agravante es que nada garantiza que la financiación de ese déficit sea posible, o es muy costoso o va a ser muy difícil de lograr”.
Para el exministro, esta discusión no debe quedar solo entre técnicos o economistas. Subraya que la ciudadanía debe estar alerta, porque las consecuencias podrían impactar directamente su bolsillo. “A la ciudadanía le tiene que importar la regla fiscal, porque si no le importa, más temprano que tarde, o hay la necesidad de una reforma tributaria que le va a costar al ciudadano, o hay necesidad de hacer un recorte significativo, brutal, draconiano en el tamaño del Estado”.
