La representante a la Cámara Jennifer Pedraza reveló lo que calificó como la “prueba reina” de una presunta operación irregular en la obtención de los títulos universitarios de Juliana Guerrero, al presentar facturas oficiales de la DIAN que, según afirmó, evidenciarían pagos realizados después de la fecha de su supuesta graduación en la Fundación Universitaria San José.
De acuerdo con Pedraza, los documentos demostrarían que Guerrero habría pagado cerca de $8 millones de pesos por conceptos de matrícula y derechos de grado casi un mes después de haberse graduado. Los títulos tendrían como fecha el 1 de julio de 2025, mientras que los pagos se habrían efectuado entre el 28 y 29 de julio del mismo año.
Según la información divulgada, los pagos se realizaron así, todos a cuentas oficiales de la universidad:
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28 de julio de 2025: $1.000.000 por derechos de grado en Contaduría.
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29 de julio de 2025: $2.000.264 por matrícula en Tecnología en Gestión Contable y Tributaria.
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29 de julio de 2025: $4.776.300 por matrícula en Contaduría Pública.
Para la congresista, esta cronología resulta difícil de explicar desde el punto de vista académico. “¿Cómo es posible que, si los títulos tienen fecha del 1 de julio de 2025, existan pagos posteriores por matrícula y derechos de grado?”, cuestionó, al tiempo que sostuvo que tanto Guerrero como la institución habrían creído que podían “lavar” los títulos a través de estos pagos.
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Pedraza recordó que el caso tiene antecedentes. El año pasado, ella misma reveló que Juliana Guerrero no habría presentado las pruebas Saber Pro, requisito obligatorio para obtener un título universitario en Colombia. En ese momento, la congresista afirmó que, además de tratarse de un título presuntamente irregular, existían indicios de que el proceso habría sido una trampa pagada de forma irregular.
En ese contexto, la representante insistió en que las nuevas facturas refuerzan las dudas ya planteadas y sugieren una posible operación corrupta entre Guerrero y la Fundación Universitaria San José, que ahora deberá ser revisada por los organismos de control.
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La legisladora también contrastó este caso con la realidad de miles de estudiantes en el país. Mientras “cientos de miles se endeudan durante años para poder estudiar”, dijo, en este caso se evidenciaría un esquema atípico de pagos posteriores a la graduación, algo que calificó como excepcional y cuestionable.
Hasta el momento, Juliana Guerrero no se ha pronunciado públicamente sobre la revelación de estas facturas. El caso sigue generando debate nacional y llamados a que las autoridades competentes investiguen tanto la validez de los títulos como la actuación de la universidad.
