El nombre de la senadora Martha Peralta volvió a ocupar titulares esta semana luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su conducción para comparecer ante una diligencia de indagatoria dentro del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Sin embargo, la decisión judicial no surgió de un hecho aislado. Hace varios meses la congresista del Pacto Histórico aparece mencionada en declaraciones y pruebas que hacen parte de una de las investigaciones más delicadas derivadas del caso UNGRD, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción que ha enfrentado el Gobierno de Gustavo Petro.
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La pregunta que hoy intenta resolver la Corte no es menor: ¿existieron gestiones indebidas para favorecer contratos financiados con recursos públicos en La Guajira?
¿Por qué es investigada Martha Peralta?
La investigación se centra en establecer si la congresista habría utilizado su influencia política para intervenir en procesos contractuales relacionados con proyectos financiados por la UNGRD en La Guajira.
Los señalamientos provienen principalmente de los testimonios entregados por Olmedo López, exdirector de la entidad, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres, quienes se han convertido en dos de los principales testigos dentro del caso.
Según sus versiones ante las autoridades, personas cercanas a la senadora habrían tenido interés en contratos ejecutados en ese departamento. Con base en esos testimonios y otros elementos de prueba recopilados durante la investigación, la Corte Suprema abrió un proceso para determinar si existió alguna conducta irregular por parte de la congresista.
Hasta el momento, la Corte no ha emitido ninguna decisión de fondo sobre su responsabilidad y la investigación continúa en etapa de recolección y valoración de pruebas.
Los contratos bajo revisión
Uno de los ejes del expediente está relacionado con contratos ejecutados en La Guajira, departamento del que Peralta es una de las principales figuras políticas.
Las autoridades buscan establecer si existieron presiones, recomendaciones o gestiones que pudieran haber influido en la asignación de recursos o en la contratación de proyectos financiados por la UNGRD.
Precisamente, la relevancia política de la senadora en la región y las declaraciones entregadas por los exdirectivos de la entidad llevaron a que la Corte considerara necesario escuchar su versión dentro del proceso.
Por ahora, los investigadores intentan determinar si los hechos denunciados corresponden únicamente a gestiones políticas legítimas o si, por el contrario, podrían configurar conductas con relevancia penal.
El papel de Olmedo López y Sneyder Pinilla
Gran parte de la investigación se sustenta en la información entregada por Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes han colaborado con la justicia tras estallar el escándalo de la UNGRD.
Sus declaraciones no solo han salpicado a funcionarios y contratistas, sino también a congresistas y dirigentes políticos de distintos sectores.
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En el caso de Martha Peralta, ambos exfuncionarios señalaron presuntas gestiones relacionadas con proyectos en La Guajira, afirmaciones que ahora están siendo contrastadas por la Corte con documentos, registros y otros elementos probatorios.
La defensa de la senadora
Martha Peralta ha rechazado de manera reiterada los señalamientos en su contra. La congresista sostiene que nunca intervino en procesos contractuales de la UNGRD y ha insistido en que las acusaciones carecen de pruebas que demuestren una actuación ilegal de su parte.
Además, ha manifestado públicamente su disposición para comparecer ante la justicia y entregar las explicaciones que considere necesarias dentro del proceso.
Su defensa ha señalado que las declaraciones de los exdirectivos de la entidad deben ser corroboradas y que, hasta ahora, no existe una decisión judicial que establezca responsabilidades en su contra.
Un nuevo capítulo del caso UNGRD
El proceso contra Martha Peralta se suma a la larga lista de investigaciones abiertas por el escándalo de la UNGRD, una trama que comenzó con las denuncias sobre la compra de carrotanques para La Guajira y que posteriormente reveló posibles irregularidades en contratos, convenios y manejo de recursos públicos.
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A medida que avanzan las investigaciones, la Corte Suprema continúa evaluando testimonios, documentos y evidencias para determinar si existen méritos para adoptar nuevas decisiones dentro del caso.
Mientras tanto, la situación jurídica de la senadora sigue en etapa de investigación y será la justicia la encargada de establecer si los señalamientos que hoy hacen parte del expediente tienen o no sustento suficiente para derivar en responsabilidades penales.
