La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió la primera sentencia dentro del Caso 03, al sancionar a 12 miembros retirados de la fuerza pública que integraron el Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’, en Valledupar. Los exoficiales, suboficiales y soldados fueron declarados máximos responsables de 135 asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como supuestas bajas en combate entre 2002 y 2005 en el Cesar y La Guajira.
De acuerdo con el fallo, los comparecientes deberán cumplir sanciones propias de hasta ocho años, que no implican prisión ordinaria, pero sí restricciones de movilidad y residencia, además de la obligación de participar en seis proyectos restaurativos diseñados junto con las víctimas. Estos incluyen iniciativas de memoria, construcción de centros culturales indígenas y afrodescendientes, y obras comunitarias para la reparación simbólica y material.
La magistrada Ana Manuela Ochoa Arias, presidenta de la Sección de Reconocimiento de Verdad, subrayó que “esta sentencia abre caminos de dignificación y restauración. Es más beneficioso que los responsables aporten a la verdad y a la reparación desde las comunidades, que confinados en una cárcel donde esos aportes se perderían”.
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Por su parte, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli Arteaga, recalcó que los crímenes cometidos muestran cómo el conflicto armado golpeó especialmente a los pueblos indígenas y afrodescendientes, víctimas de estigmatización y persecución. Entre las víctimas se encuentran campesinos, comunidades Kankuamo y Wiwa, así como consejos comunitarios afrodescendientes.
La sentencia establece que estos hechos no fueron excesos individuales, sino parte de un patrón macrocriminal con lógica institucional, donde se buscaba inflar resultados militares mediante falsos positivos. La investigación documentó además casos de tortura, tratos crueles, persecución y violencia sistemática contra poblaciones vulnerables.
La JEP resaltó que las víctimas se mantendrán en el centro del proceso. En julio de 2025 se realizó en Valledupar la Audiencia Pública de Verificación, en la que se constató el cumplimiento de los compromisos de verdad y reparación. En total, 252 víctimas acreditadas participaron activamente en el proceso.
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El cumplimiento de las sanciones será monitoreado por la JEP con apoyo de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que garantizará tanto la seguridad de los comparecientes como los derechos de las víctimas.
Con este fallo, la JEP marca un precedente histórico en la lucha contra la impunidad en los casos de falsos positivos y reafirma su compromiso de que la paz se construya sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
