La cadena de tiendas de ropa interior Lili Pink se pronunció luego de los operativos y allanamientos adelantados por la Fiscalía General de la Nación en diferentes regiones del país. A través de un comunicado, la compañía sostuvo que las investigaciones en su contra se encuentran en fase preliminar y que, hasta el momento, no existe una decisión judicial que determine responsabilidades.
Las diligencias, realizadas el pasado 27 de abril por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo del Ejército, se extendieron a 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad vinculada al caso. Según la Fiscalía, estos procedimientos hacen parte de una investigación que busca establecer la posible existencia de un entramado empresarial para el ingreso irregular de mercancías al territorio nacional.
De acuerdo con el ente acusador, el esquema incluiría importadoras, comercializadoras y sociedades de papel que habrían permitido la distribución de productos como prendas de vestir, juguetes y cosméticos, con el objetivo de dar apariencia de legalidad a las operaciones. En ese contexto, las autoridades estiman un presunto lavado de activos cercano a los 730.000 millones de pesos y un posible enriquecimiento ilícito que superaría los 430.000 millones. Asimismo, se reportaron decomisos de mercancía avaluada en más de 54.000 millones de pesos y un posible contrabando superior a los 75.000 millones.
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Frente a estos señalamientos, la empresa, operada por Fast Moda S.A.S., insistió en que los hallazgos presentados por la Fiscalía no son concluyentes y corresponden a una controversia jurídica en curso. En su pronunciamiento, aseguró que todas sus mercancías cuentan con declaraciones de importación y pagos de aranceles debidamente soportados conforme a la normativa vigente.
El abogado penalista Iván Cancino, quien asumió la defensa de la compañía, reiteró que la presunción de inocencia de sus representados se mantiene intacta y que el proceso se encuentra en etapa de investigación penal y de extinción de dominio. Además, advirtió que existen inconsistencias entre las cifras difundidas públicamente y los valores reales de las actuaciones administrativas, las cuales deberán ser aclaradas en instancias judiciales.
La investigación también contempla el análisis de posibles irregularidades detectadas a través del sistema conocido como “el Ojo de la Dian”, mediante el cual se habrían identificado accesos inusuales a bases de datos oficiales. No obstante, la empresa señaló que estos elementos aún están siendo evaluados por las autoridades competentes.
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En medio del proceso, Lili Pink hizo un llamado a proteger su trayectoria de más de dos décadas en el mercado y el impacto económico de su operación. La compañía destacó que genera más de 3.000 empleos directos y que su presencia se extiende a varios países de América Latina.
Finalmente, la defensa insistió en la importancia de respetar el debido proceso y evitar conclusiones anticipadas, mientras avanzan las investigaciones y se emiten decisiones judiciales definitivas.
