A pocas semanas de la jornada electoral, el Ministerio de Defensa presentó un balance de resultados y medidas para reforzar la seguridad y transparencia electoral en el país. El informe incluye millonarias incautaciones, procesos judiciales en curso y un amplio despliegue de la Fuerza Pública.
El ministro Pedro Sánchez fue enfático al advertir que la democracia depende de la vigilancia institucional frente a prácticas ilegales. En ese contexto, confirmó la incautación de 623 millones de pesos que, según las autoridades, estarían relacionados con delitos electorales en los departamentos de Antioquia, Santander, Meta y Cundinamarca.
El resultado se atribuye a operaciones conjuntas entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, que mantienen abiertas múltiples investigaciones.
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Catorce macrocasos en investigación
De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, actualmente avanzan 14 macrocasos que involucran conductas como constreñimiento al sufragante, financiación ilegal de campañas, inhabilidades e incompatibilidades y suplantación de electores.
Estas investigaciones, explicó, se concentran en las prácticas que más impactan la equidad en la contienda política y el derecho al voto libre.
Las acciones hacen parte del denominado ‘Plan Democracia’, una estrategia que se ha desarrollado durante casi un año con la participación de distintas entidades del Estado. El plan contempla monitoreo permanente de riesgos y ajustes operativos según la evolución de las amenazas.
Como resultado de ese análisis, fueron identificados 208 municipios con nivel de riesgo alto, donde se incrementó la presencia de la Fuerza Pública para prevenir alteraciones del orden público durante la jornada.
Además, continúa vigente un programa de recompensas de hasta 50 millones de pesos para quienes entreguen información que permita judicializar a responsables de delitos electorales. Las denuncias pueden realizarse a través de la línea 157, que garantiza reserva de identidad.
Despliegue nacional para la jornada electoral
Para el día de las votaciones, el Gobierno confirmó la movilización de más de 246.000 integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, quienes custodiarán 13.493 puestos de votación en todo el país.
Dentro de las medidas adoptadas se incluyó la extensión del servicio militar obligatorio, lo que permitirá sumar 22.000 militares y 4.000 auxiliares de Policía a los dispositivos regionales.
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Las autoridades también reforzaron las capacidades de inteligencia, investigación preventiva y ciberseguridad, con el objetivo de proteger la infraestructura electoral frente a posibles ataques informáticos y frenar la propagación de desinformación.
El operativo cuenta con la participación del Ministerio del Interior, la Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Organización de los Estados Americanos (OEA), entre otras entidades de control y observación.
La línea gratuita 157 anticorrupción permanecerá activa las 24 horas para reportar cualquier irregularidad. Con este conjunto de medidas, el Ejecutivo busca garantizar que las elecciones se desarrollen bajo condiciones de legalidad, seguridad y transparencia.
